Con la entrada en vigor del Real Decreto 1007/2023 (RRSIF) y los sistemas de facturación adaptados a VeriFactu, toda factura emitida genera un registro de facturación con hash encadenado al registro anterior. Esto significa que cualquier intento de eliminar o modificar una factura ya generada rompe la cadena de trazabilidad y constituye una infracción según el artículo 11 del RD 1007/2023.
La regla es clara: una factura válida no se borra, no se edita y no se elimina. Cuando hay que corregir algo, el camino es siempre documental — mediante una factura rectificativa — o técnico — mediante un registro de anulación o subsanación. Nunca mediante la modificación directa del documento original.
Este principio no es nuevo, pero con la factura electrónica cobra una dimensión operativa y técnica que antes no tenía: el sistema lo hace materialmente imposible de incumplir en un SIF homologado, y si el software lo permite, está incumpliendo el RRSIF.
Antes de entrar en detalle, conviene dejar clara la diferencia entre los tres términos:
Rectificación: se emite una nueva factura (factura rectificativa) que corrige o sustituye una factura original válida pero errónea o modificada por causas sobrevenidas. Tiene efectos fiscales y contables.
Anulación: se genera un registro de anulación de un alta previa, declarando que esa factura no debería haber existido. Solo válida cuando la factura nunca fue realmente una operación efectuada. No tiene efectos sobre el IVA devengado porque nunca lo hubo.
Subsanación: corrección exclusivamente técnica del registro de facturación (el hash, la firma digital, los metadatos XML) sin modificar el contenido de la factura. La realiza el software, no el usuario. La factura en sí no cambia.
La obligación de emitir una factura rectificativa está recogida en el artículo 15 del Real Decreto 1619/2012 (Reglamento de Facturación) y en el artículo 89 de la Ley 37/1992 del IVA. Procede en los siguientes casos:
1. Error en los datos obligatorios de la factura (art. 6 y 7 del RD 1619/2012): NIF incorrecto o ausente, datos del emisor o receptor erróneos, descripción insuficiente de los bienes o servicios, fecha de expedición incorrecta. Un error en la identificación del destinatario puede hacer que este pierda el derecho a deducir el IVA soportado.
2. Error en las cuotas de IVA repercutido: tipo impositivo aplicado incorrectamente (se facturó al 21% cuando procedía el 10%, o viceversa), error aritmético en el cálculo de la cuota, aplicación indebida del recargo de equivalencia o inversión del sujeto pasivo incorrectamente aplicada.
3. Modificación de la base imponible (art. 80 Ley del IVA): devolución de mercancías, minoración del precio por defectos de calidad, descuentos posteriores a la emisión, resolución total o parcial del contrato, impago de créditos incobrables o por declaración de concurso de acreedores.
4. Con la factura electrónica B2B (RD 238/2026): el artículo 10.5 establece reglas específicas para los documentos de cargo o abono y su relación con los estados de la factura. Una rectificativa electrónica debe identificar la factura original con el código único de factura (NIF del emisor + número/serie + fecha de expedición) definido en el artículo 7.5 del mismo RD.
La rectificativa debe emitirse tan pronto como se tenga constancia del error o la circunstancia que la motiva. El plazo máximo es de 4 años desde el momento en que se devengó el impuesto (art. 89 Ley del IVA), o desde la fecha en que se produjeron las circunstancias del artículo 80 LIVA.
En el caso de impagos para recuperar el IVA, los plazos son más estrictos: la rectificativa debe emitirse en los tres meses siguientes al transcurso de los seis meses del impago. Tras emitirla, el obligado dispone de un mes para comunicarla a la AEAT.
Se emite una nueva factura que recoge únicamente el importe de la diferencia entre la factura original y la correcta. El importe puede ser positivo (si había que facturar más) o negativo (si había que facturar menos o anular importe).
Ejemplo: factura original por 1.000 € + 210 € IVA (21%). El tipo correcto era el 10%. Se emite rectificativa por diferencias: base imponible 0 €, cuota IVA -110 € (diferencia entre 210 € y 100 €).
Se emite una nueva factura que sustituye completamente a la original. Deben generarse dos registros: la factura errónea con importes en negativo y la rectificativa con los importes correctos.
Ejemplo: factura original por 1.000 € base + 210 € IVA. Rectificativa sustitutiva: registro negativo de -1.000 € base / -210 € cuota, más nueva factura de 1.000 € base / 100 € cuota (10% IVA correcto).
Una rectificativa es negativa cuando reduce el importe original (devoluciones, descuentos, impagos). Es positiva cuando lo incrementa (IVA aplicado de menos, precio pactado mayor del facturado inicialmente). El tratamiento contable y fiscal es distinto en cada caso.
Según el artículo 15 del RD 1619/2012, toda factura rectificativa debe:
En el contexto del RRSIF y VeriFactu, la rectificativa genera un nuevo registro de facturación con su propio hash, encadenado a los anteriores. El hash de la factura original permanece inalterable: la rectificativa no lo modifica, sino que crea un nuevo eslabón en la cadena.
La anulación es un procedimiento excepcional, válido únicamente cuando la factura se generó por error y nunca llegó a ser una operación efectuada ni puesta a disposición del destinatario. Los casos válidos son:
Lo que la anulación no permite es corregir errores en una factura que ya fue entregada al cliente, cobrada o que produjo efectos fiscales. Para eso existe la rectificativa.
En un SIF adaptado al RD 1007/2023, la anulación no elimina el registro original: genera un registro de anulación que referencia al registro de alta previo mediante su hash. La cadena permanece intacta y la AEAT puede comprobar que existió un alta y luego una anulación, con la trazabilidad completa.
El número de factura anulado no puede reutilizarse: queda ocupado en la secuencia para mantener la correlatividad. Esta es una diferencia importante con la práctica anterior, donde en algunos sistemas se podía "liberar" un número de factura.
Anular una factura que sí tuvo efectos fiscales (fue cobrada, el IVA fue liquidado, el cliente la dedujo) sin emitir la correspondiente rectificativa puede generar:
La subsanación es la corrección de un error exclusivamente técnico en el registro de facturación — el hash, la firma digital, los metadatos del XML — cuando el contenido de la factura es correcto. No modifica la factura en sí, solo corrige el mecanismo de integridad que la acompaña.
Los casos típicos de subsanación son:
La subsanación la realiza el software a solicitud del usuario, no el usuario directamente. Si alguien cree que puede "subsanar" manualmente un error de contenido en la factura, está confundiendo los conceptos — y posiblemente incumpliendo el RRSIF.
| Rectificativa | Anulación | Subsanación | |
|---|---|---|---|
| Cuándo se usa | Factura válida con error o modificación sobrevenida | Factura nunca fue operación real | Error técnico del registro (no del contenido) |
| Efecto sobre el IVA | Modifica la base y/o cuota repercutida | Ninguno (nunca hubo devengo) | Ninguno |
| Efecto contable | Nuevo asiento de ingreso/gasto o ajuste | Ninguno (nunca se registró operación) | Ninguno |
| Genera nuevo documento | Sí (factura rectificativa con numeración propia) | No (registro de anulación en el SIF) | No (corrección técnica del registro) |
| Referencia a la original | Obligatoria (número, serie, fecha) | Obligatoria (hash del registro de alta) | Obligatoria (hash del registro a corregir) |
| Plazo máximo | 4 años desde el devengo | Antes de cualquier efecto fiscal | Tan pronto como se detecte el error técnico |
| Número de factura | Nuevo número en serie rectificativa | El número original queda anulado y no reutilizable | Sin efecto sobre la numeración |
Con la factura electrónica obligatoria B2B, las rectificativas también deberán emitirse en formato estructurado (Facturae, UBL o CII) y transmitirse a través de las plataformas interoperables. El artículo 10.5 del RD 238/2026 establece reglas específicas para los documentos de cargo o abono y su relación con los estados de la factura.
Un aspecto relevante señalado por el Posicionamiento Nº 3/2026 de Economistas Contables EC-CGE: las rectificativas electrónicas tienen implicaciones directas para la periodificación y el ajuste de ingresos y gastos. Los circuitos contables deben contemplar expresamente la gestión de rectificativas electrónicas para evitar descuadres o duplicidades en el registro.
El código único de factura del artículo 7.5 del RD 238/2026 (NIF del emisor + número/serie + fecha de expedición) será clave para identificar correctamente qué factura rectifica a cuál, tanto en el sistema del emisor como en el del receptor y en los registros de la AEAT.
No. Ningún SIF homologado lo permite. Modificar directamente una factura emitida rompe la cadena de hash y constituye una infracción del artículo 11 del RD 1007/2023. La única vía es emitir una rectificativa o un registro de anulación según el caso.
No. La rectificativa debe usar una serie y numeración específica para rectificativas (ej. "R-001", "REC-2026-001"), independiente de la serie general de facturas. Usar la misma numeración es un error formal que puede invalidar la rectificativa.
Sí. En VeriFactu, el registro de anulación se transmite a la AEAT vinculado al registro de alta original. La AEAT puede verificar que existió una factura y que fue anulada, con plena trazabilidad.
No. El número de la factura anulada queda ocupado en la secuencia para mantener la correlatividad. No puede asignarse a una nueva factura.
La rectificativa emitida fuera de plazo no tiene efecto fiscal: no permite modificar las cuotas de IVA de declaraciones ya presentadas. Puede tener efectos contables internos, pero fiscalmente se considera extemporánea.
El receptor debe minorar el IVA soportado deducido correspondiente a la factura original. Si ya lo había deducido, debe regularizarlo en la declaración del período en que recibe la rectificativa. No hacerlo puede dar lugar a cuotas indebidamente deducidas y sanciones.
La facturación electrónica no ha cambiado cuándo rectificar o cuándo anular. Ha cambiado cómo se hace — y lo ha hecho de forma que cualquier irregularidad queda técnicamente registrada y es verificable por la AEAT.
Para asesores, contables y empresas, esto exige dos cosas: conocer con precisión cuándo corresponde cada operación, y asegurarse de que el software de facturación implementa correctamente los registros de rectificación y anulación conforme al RRSIF. Un software que permite modificar o eliminar facturas ya generadas no cumple el RD 1007/2023, y su uso expone al contribuyente a sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio.
Consulta nuestra documentación técnica sobre el ciclo de facturación en InvoSeal para ver cómo gestionamos las rectificativas y anulaciones conforme al RRSIF y el RD 238/2026.
]]>Ambas afectan a la facturación. Ambas provienen de la Agencia Tributaria o del ámbito normativo fiscal. Y ambas van a entrar en vigor en fechas próximas. Eso basta para que muchas empresas y sus asesores las traten como una sola cosa.
Pero son marcos legales completamente separados. El Posicionamiento Nº 3/2026 de Economistas Contables EC-CGE (Consejo General de Economistas de España) lo deja explícito: "Es necesario diferenciar la factura electrónica obligatoria (B2B) de las obligaciones de reporte fiscal conocidas como VeriFactu. Mientras la factura electrónica se centra en el intercambio comercial, VeriFactu tiene otros objetivos definidos por parte de la AEAT."
Veamos cada una por separado.
La factura electrónica B2B está regulada por el Real Decreto 238/2026, que desarrolla la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022). Su objetivo es digitalizar el tejido productivo español y reducir la morosidad comercial mediante la obligación de emitir y recibir facturas en formato electrónico estructurado.
A todas las empresas y profesionales autónomos que realicen operaciones comerciales entre sí (B2B) y que tengan en España su sede, establecimiento permanente o residencia habitual. No afecta a las operaciones con consumidores finales (B2C).
Los plazos no han empezado a correr. Todo depende de la Orden Ministerial de Hacienda que regule la solución pública de facturación, actualmente en trámite de audiencia pública (plazo hasta el 8 de mayo de 2026). Una vez publicada esa Orden:
Puedes consultar el detalle de estos plazos en nuestro artículo sobre los plazos reales del RD 238/2026.
VeriFactu está regulado por el Real Decreto 1007/2023, que desarrolla el artículo 29.2.j de la Ley General Tributaria. Su objetivo es muy diferente al de la factura electrónica B2B: garantizar la integridad e inalterabilidad de los registros de facturación generados por el software de facturación, para evitar el fraude fiscal a través de la manipulación de datos contables.
A todos los empresarios y profesionales que utilicen software de facturación en el ejercicio de su actividad, con independencia de si sus clientes son empresas o particulares. No es una obligación de intercambio entre partes: es una obligación sobre el propio sistema informático que genera las facturas.
El software de facturación debe:
La obligación no recae sobre la empresa, sino sobre el proveedor del software de facturación, que debe certificar que su producto cumple los requisitos técnicos del RD 1007/2023.
Estas fechas son independientes de la Orden Ministerial de la factura electrónica B2B.
| Factura electrónica B2B (RD 238/2026) | VeriFactu (RD 1007/2023) | |
|---|---|---|
| Objetivo | Digitalizar el intercambio comercial entre empresas | Garantizar la integridad del software de facturación |
| Norma | RD 238/2026 (Ley Crea y Crece) | RD 1007/2023 (Ley General Tributaria) |
| Operaciones | Solo B2B (empresa a empresa o profesional) | Todas: B2B y B2C |
| Obligación sobre | El intercambio de facturas entre partes | El software que genera las facturas |
| Formatos exigidos | Facturae, UBL, CII (estructurado) | Hash encadenado + QR en la factura |
| Reportar a la AEAT | Estados de factura (pago, aceptación…) | Registros de facturación (opcional o automático) |
| Entrada en vigor sociedades | 12 meses desde Orden Ministerial (aún sin fecha) | 1 de enero de 2027 |
| Entrada en vigor autónomos | 36 meses desde Orden Ministerial | 1 de julio de 2026 (provisional) |
Una empresa puede estar obligada por las dos normativas al mismo tiempo. Por ejemplo, una sociedad que facture a otras empresas deberá:
Cumplir una no implica cumplir la otra. Son capas de obligación independientes sobre aspectos distintos del proceso de facturación.
InvoSeal está diseñado para dar cumplimiento a VeriFactu (RD 1007/2023): genera los registros de facturación con huella digital encadenada, incluye el código QR y la mención reglamentaria, y permite la remisión de registros a la AEAT.
Para la factura electrónica B2B del RD 238/2026, los requisitos técnicos de plataforma e interoperabilidad quedarán definidos en detalle por la Orden Ministerial pendiente. InvoSeal seguirá de cerca esos desarrollos para ofrecerte la cobertura completa cuando los plazos entren en vigor.
Consulta nuestra documentación técnica sobre VeriFactu para entender qué hace InvoSeal exactamente y cómo adapta tu software al RD 1007/2023.
No. VeriFactu regula la integridad del software de facturación; la factura electrónica B2B regula el intercambio de facturas entre empresas en formato estructurado. Son obligaciones sobre aspectos distintos del proceso. Cumplir una no exime de la otra.
Sí. VeriFactu aplica a todos los empresarios y profesionales que usen software de facturación, independientemente de si sus clientes son empresas o particulares. La factura electrónica B2B, en cambio, solo aplica cuando el destinatario es otro empresario o profesional.
Generalmente sí, pero por razones distintas. Para VeriFactu, el software debe ser capaz de generar registros con hash encadenado y código QR. Para la factura electrónica B2B, debe poder emitir y recibir facturas en formatos estructurados (Facturae, UBL, CII) e interactuar con plataformas interoperables.
Es un error frecuente. La distinción está recogida explícitamente en el Posicionamiento Nº 3/2026 de Economistas Contables EC-CGE, uno de los organismos técnicos de referencia en materia contable en España. Vale la pena aclarar el punto antes de planificar la adaptación tecnológica de tu empresa.
Depende de tu situación. VeriFactu tiene fechas fijas: 1 de julio de 2026 para autónomos y 1 de enero de 2027 para sociedades. La factura electrónica B2B aún no tiene fecha de inicio porque depende de la Orden Ministerial pendiente. En la práctica, VeriFactu llegará primero para la mayoría de empresas.
La confusión entre VeriFactu y la factura electrónica B2B no es un detalle menor: puede llevar a empresas a creer que están cubiertas cuando en realidad no lo están, o a invertir en soluciones que solo responden a una de las dos obligaciones.
El primer paso es entender la diferencia. El segundo, verificar qué software usas, si cumple con VeriFactu y qué pasos necesitas dar para estar listo también para la factura electrónica B2B cuando sus plazos arranquen.
Si tienes dudas, consulta con tu asesor o revisa la documentación del RD 238/2026, el RD 1007/2023 y el Posicionamiento Nº 3/2026 de EC-CGE.
]]>El principio del devengo es el criterio rector del reconocimiento contable en el Plan General Contable (PGC) español. Los ingresos y gastos se reconocen en el ejercicio en que se producen, con independencia de cuándo se cobra o se paga. Este principio no ha sido modificado por el RD 238/2026, ni podría serlo: pertenece al marco contable, no al marco de facturación.
Sin embargo, la introducción de los estados de factura en el flujo operativo de las empresas crea una tensión nueva. Cuando el software de facturación registra automáticamente el estado "pagado" y ese evento dispara un asiento contable, el resultado puede ser una contabilización por criterio de caja, no por devengo — especialmente en pequeñas y medianas empresas sin un control interno contable robusto.
El EC-CGE lo advierte con claridad en su Posicionamiento Nº 3/2026: "puede existir el riesgo de que determinados automatismos tecnológicos induzcan, de forma indirecta o involuntaria, a otros criterios próximos a la contabilidad de caja, especialmente en pequeñas y medianas empresas."
El RD 238/2026 establece que los emisores y receptores de facturas electrónicas deben reportar a la AEAT los siguientes estados de la factura, en un plazo máximo de 4 días naturales desde que se produzcan:
El objetivo de estos estados es doble: combatir la morosidad comercial (la AEAT puede cruzar datos de pago declarados con los reales) y mejorar la trazabilidad del ciclo económico de cada transacción.
Lo que los estados de factura no hacen — y aquí está el núcleo de la cuestión — es determinar el momento en que debe registrarse contablemente una operación. Son datos informativos sobre el ciclo administrativo y de tesorería de la factura, no sobre el hecho económico que la origina.
El artículo 10 del RD 238/2026 introduce una definición precisa de "fecha efectiva de pago" que tiene consecuencias contables directas y que merece atención específica.
La norma define la fecha efectiva de pago como el momento en que el proveedor cobra realmente los bienes o servicios. Y excluye expresamente de esa definición la mera puesta a disposición de un mecanismo financiero para adelantar el cobro — por ejemplo, el confirming o el factoring.
Esto tiene dos implicaciones prácticas importantes:
Primera: puede existir una diferencia de días entre la fecha en que el cliente ejecuta la transferencia bancaria y la fecha en que los fondos son efectivamente acreditados en la cuenta del proveedor. La fecha efectiva de pago a efectos del RD 238/2026 es la segunda, no la primera. El software que registre el estado "pagado" en el momento del envío de la transferencia está siendo impreciso respecto a la propia definición legal.
Segunda: la fecha efectiva de pago — incluso en su definición más precisa — sigue siendo irrelevante para el registro contable del ingreso o gasto. Una venta se reconoce cuando se produce la entrega del bien o la prestación del servicio; una compra, cuando se recibe. El cobro o pago posterior es un hecho de tesorería que afecta a la cuenta de deudores o acreedores, no al reconocimiento del ingreso o gasto.
El EC-CGE subraya precisamente esto: "la introducción de un código único de factura (artículo 7.5) [...] constituye un elemento positivo para la trazabilidad y la conciliación del registro contable", pero los estados de la factura "tienen un carácter informativo y de seguimiento, en ningún caso condicionan el momento del registro contable."
El riesgo no es hipotético. En la práctica, muchos sistemas de gestión y ERP para pymes están diseñados para simplificar la operativa: cuando llega una factura y se marca como "pagada", el sistema puede generar automáticamente los asientos contables de la operación. Si ese proceso no está correctamente parametrizado, el resultado es una contabilidad que refleja cuándo se paga, no cuándo se devenga.
Las consecuencias pueden ser significativas:
El EC-CGE lo encuadra en términos de control interno: "puede existir el riesgo [...] Este riesgo debe ser evitado mediante una correcta parametrización de los sistemas y una adecuada formación contable."
Un software de facturación técnicamente solvente y orientado al asesor contable no puede limitarse a registrar y transmitir estados de factura. Debe diseñar su interfaz y sus automatismos de forma que no induzcan —ni permitan— confundir el ciclo administrativo de la factura con el ciclo contable.
Las buenas prácticas en el diseño de software para este contexto incluyen:
1. Texto informativo en el UI junto a los estados de factura. Cuando el usuario marca una factura como "aceptada" o "pagada", el sistema debe mostrar un aviso claro: este estado se reporta a la AEAT a efectos de la obligación del RD 238/2026, pero no genera ni modifica automáticamente el registro contable. El reconocimiento contable de la operación debe realizarse conforme al principio del devengo.
2. Separación explícita entre el módulo de estados de factura y el módulo contable. Los estados son flujos de información fiscal y administrativa. El registro contable es un flujo independiente que responde a criterios del PGC. El software no debe mezclarlos sin que el usuario sea consciente.
3. Alertas sobre la "fecha efectiva de pago". Cuando se registra un pago, el sistema debe recordar al usuario que la fecha efectiva de pago a efectos del RD 238/2026 es la fecha de acreditación en cuenta del proveedor, no la fecha de emisión de la orden de transferencia.
4. Configuración explícita de los criterios de periodificación. El software debe permitir al asesor o al contable definir las reglas de periodificación sin que los automatismos de estados de factura las anulen o interfieran.
La mayoría de las soluciones de facturación electrónica en el mercado se diseñan desde una perspectiva puramente tecnológica: transmitir los datos correctos en el formato correcto a la AEAT. Eso es necesario, pero no suficiente cuando el usuario final es un asesor, un economista contable o una empresa con contabilidad interna.
InvoSeal está construido con consciencia de este riesgo. Los estados de factura que genera y reporta conforme al RD 238/2026 están claramente diferenciados del ciclo contable. El diseño de la interfaz incluye avisos contextuales que recuerdan al usuario la distinción entre la fecha efectiva de pago (definición legal del art. 10 RD 238/2026) y el momento de reconocimiento contable según el PGC.
Este enfoque está alineado con las recomendaciones del Posicionamiento Nº 3/2026 de EC-CGE y con la perspectiva que defiende el Consejo General de Economistas: la factura electrónica debe integrarse en el sistema de información financiera de la empresa, no sustituir al criterio contable.
Consulta nuestra documentación técnica sobre VeriFactu y el ciclo contable para ver cómo InvoSeal implementa estos principios en la práctica.
No debe generarlo, aunque algunos sistemas mal parametrizados lo hacen. El estado "pagado" es un dato informativo que se reporta a la AEAT para el seguimiento de la morosidad. El asiento contable del cobro debe registrarse conforme al PGC, con independencia del estado de la factura en el sistema electrónico.
El ingreso se reconoce cuando se produce la entrega del bien o la prestación del servicio, conforme al principio del devengo. La aceptación de la factura por el destinatario no modifica ese momento. La factura puede estar aceptada y el ingreso ya estar registrado desde antes, o registrarse después de la aceptación: el estado de la factura no es el determinante.
La fecha efectiva de pago del RD 238/2026 (art. 10) es la fecha en que el proveedor recibe efectivamente los fondos. En contabilidad, la fecha de extinción del pasivo (baja del acreedor) puede coincidir con ese momento, pero el reconocimiento del gasto ya se produjo en el momento del devengo, con independencia de cuándo se pague.
No a efectos del RD 238/2026. La norma excluye expresamente de la definición de fecha efectiva de pago la mera puesta a disposición de un mecanismo financiero para adelantar el cobro. La fecha efectiva de pago sigue siendo el momento en que el proveedor cobra realmente.
El EC-CGE recomienda revisar todo el circuito contable de la factura antes de la implantación: desde la emisión o recepción hasta el cierre contable. En particular, verificar que los automatismos del software no confunden el estado de la factura con el momento del devengo, y que la parametrización de la periodificación es correcta.
La factura electrónica obligatoria es una oportunidad para mejorar la calidad de la información financiera. Pero esa mejora solo se materializa si el software que la implementa respeta los principios contables fundamentales, en lugar de sustituirlos por automatismos administrativos.
Los estados de factura son datos valiosos. La fecha efectiva de pago es una definición legal precisa. Y el devengo es el principio contable que sigue rigiendo el reconocimiento de ingresos y gastos. Las tres cosas existen en planos distintos y deben mantenerse separadas.
Para los asesores y economistas contables que acompañen a sus clientes en esta transición, la parametrización correcta del software y la formación del equipo administrativo son tareas tan importantes como la elección de la plataforma de facturación.
]]>Antes de entrar en cada país, conviene fijar el contexto común.
La iniciativa VAT in the Digital Age (ViDA), adoptada por el Consejo de la UE en marzo de 2025, establece el marco que guiará la digitalización del IVA en toda Europa hasta 2035. Sus tres pilares son la facturación electrónica B2B, el reporte digital de transacciones en tiempo real y la ventanilla única ampliada para el IVA.
Desde la implementación de la Directiva de facturación electrónica 2014/55/EU en abril de 2020, todas las administraciones públicas de la UE deben cumplir con el Estándar Europeo de facturación electrónica para contratos por encima de los umbrales de contratación pública de la UE. Ahora, con ViDA, esa obligación se extiende progresivamente al B2B.
Un hito clave de ViDA: a partir de 2024-2025, los Estados miembros obtienen el derecho a imponer la facturación electrónica doméstica sin necesidad de derogaciones individuales de la UE. En 2030, el reporte digital obligatorio para todas las transacciones B2B intracomunitarias entra en vigor.
La norma EN 16931 es el estándar europeo de semántica y datos para las facturas electrónicas. Define qué campos son obligatorios, su formato y estructura. Si facturas a empresas o entidades gubernamentales en cualquier país de la UE con un mandato de facturación electrónica, el formato de tu factura debe ser conforme a EN 16931. Los formatos nacionales como XRechnung (Alemania), Factur-X (Francia), FatturaPA (Italia) o Facturae (España) son implementaciones nacionales de este estándar o formatos compatibles con él.
España tiene un esquema particular porque ha desarrollado dos obligaciones paralelas e independientes:
1. VeriFactu / RRSIF (RD 1007/2023): regula los sistemas informáticos de facturación (SIF). Todos los programas de facturación deben generar registros con hash encadenado y código QR, garantizando la integridad e inalterabilidad de los registros. Plazo: sociedades antes del 1 de enero de 2027; autónomos antes del 1 de julio de 2027.
2. Factura electrónica B2B (RD 238/2026): obliga a emitir y recibir facturas en formatos estructurados (Facturae, UBL o CII) para todas las operaciones entre empresas y profesionales. Los plazos arrancan desde la Orden Ministerial pendiente: 12 meses para empresas con más de 8 M€ de facturación, 24 meses para el resto y 36 meses para autónomos y entidades en atribución de rentas con facturación ≤ 8 M€.
Formato principal: Facturae (formato XML español de larga tradición, ya obligatorio en B2G desde hace años). También se admiten UBL y CII.
Plataforma: solución pública gestionada por la AEAT (gratuita para autónomos y pymes), más plataformas privadas interoperables entre sí.
Diferenciador clave: España es el único país de la UE que combina un sistema de integridad del software (VeriFactu/RRSIF) con una obligación de intercambio estructurado (B2B e-invoice). La mayoría de países solo tienen una de las dos.
Italia fue el primer país de la UE en imponer la factura electrónica B2B con carácter obligatorio y universal. Italia ha operado un sistema de facturación electrónica B2B obligatorio desde 2019, utilizando el formato FatturaPA y un modelo de intercambio centralizado a través de la plataforma Sistema di Interscambio (SDI).
El modelo italiano es el más intervencionista de Europa: toda factura (B2B, B2C y B2G) debe pasar obligatoriamente por el SDI (Sistema di Interscambio), la plataforma centralizada de la Agencia Tributaria italiana. El SDI valida la factura antes de que llegue al destinatario. Si el SDI la rechaza, la factura no tiene validez legal.
Formato: FatturaPA, un formato XML propio de Italia. Las facturas en otros formatos (UBL, CII) deben convertirse a FatturaPA antes de la transmisión al SDI.
Archivo: obligatorio durante 10 años en formato digital.
Consecuencia del incumplimiento: una factura no enviada a través del SDI se considera como si nunca hubiera sido emitida — con las consecuencias que ello implica para el IVA y el derecho de cobro.
El modelo italiano ha demostrado ser efectivo para reducir el fraude fiscal. El Consejo de la UE ha extendido el mandato de Italia hasta 2027, después del cual debe alinearse con los estándares ViDA. Alemania, Francia y España han observado el modelo italiano, aunque ninguno ha replicado exactamente su enfoque de clearance total.
Alemania ha adoptado un enfoque más gradual y descentralizado que Italia. El 1 de enero de 2025, la recepción de facturas electrónicas se convirtió en obligatoria: ninguna empresa puede rechazar una factura electrónica de su emisor. La emisión obligatoria comenzará para empresas con facturación superior a 800.000 euros en enero de 2027, y para todas las empresas en enero de 2028.
A diferencia de Italia (SDI centralizado) y Francia (PA/PPF), Alemania no tiene una plataforma nacional centralizada para el B2B. Las facturas se intercambian directamente entre las partes o a través de operadores privados y la red Peppol.
Formatos admitidos: dos formatos coexisten y son aceptados:
Ambos son conformes con EN 16931.
Diferenciador clave: Alemania es el único gran mercado europeo sin plataforma central de intercambio B2B. El modelo se basa en la red Peppol y acuerdos directos entre partes. Esto ofrece más flexibilidad pero también más complejidad para empresas que emiten en muchos formatos.
Leitweg-ID: identificador obligatorio en facturas B2G para enrutar las facturas a la administración correcta.
Francia ha tenido uno de los procesos de implantación más complejos de Europa, con múltiples aplazamientos desde la fecha original de julio de 2024. La fecha definitiva confirmada: desde el 1 de septiembre de 2026, todas las empresas deben ser capaces de recibir facturas electrónicas, con emisión obligatoria para grandes y medianas empresas desde septiembre de 2026 y para pymes desde septiembre de 2027.
Francia ha diseñado un sistema denominado "modelo Y" que obliga a que todas las facturas pasen por una Plataforma Agréée (PA) — anteriormente denominada PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire). Las PA son proveedores de servicios privados acreditados por la autoridad fiscal para intermediar flujos de datos entre socios comerciales y el portal público (PPF). Actuarán como interfaz entre empresas y el gobierno.
Importante: a partir del anuncio del gobierno francés en octubre de 2024, el PPF (portal público) solo actuará como directorio y plataforma de e-reporting. Todas las empresas deben asociarse con una PA. No es posible intercambiar facturas directamente entre empresas sin pasar por una PA certificada.
Formatos admitidos: Factur-X (formato híbrido PDF+XML, equivalente al ZUGFeRD alemán), UBL y CII. Todos conformes con EN 16931.
E-reporting adicional: Francia exige también el e-reporting para transacciones B2C, ventas internacionales y operaciones transfronterizas — datos que las PA transmiten automáticamente al PPF para el control fiscal.
Archivo: las facturas electrónicas deben archivarse durante seis años a efectos del IVA y diez años a efectos contables y mercantiles.
Polonia ha implantado el KSeF (Krajowy System e-Faktur), un sistema de clearance centralizado similar al italiano pero más estricto: Polonia implementa el sistema KSeF desde febrero de 2026 para grandes contribuyentes (facturación superior a 200 millones de PLN) y desde abril de 2026 para el resto de empresas VAT registradas.
Modelo: todas las facturas B2B pasan por el KSeF, que las valida y asigna un número de identificación único. Sin ese número, la factura no tiene validez legal en Polonia.
Formato: XML polaco propio (FA_VAT), específico del KSeF. No se admite FatturaPA ni XRechnung directamente.
Diferenciador: Polonia ha optado por el modelo de clearance más parecido al italiano, pero con un nivel de control aún más exhaustivo. Las facturas en papel o PDF han dejado de tener validez legal para transacciones B2B entre empresas polacas.
Bélgica ha adoptado el modelo más abierto de los analizados. Bélgica lanzó la facturación electrónica B2B obligatoria el 1 de enero de 2026, utilizando la red Peppol con formato UBL 2.1. Todas las empresas belgas que realizan transacciones B2B deben ser capaces de enviar y recibir facturas electrónicas.
Modelo: no hay plataforma centralizada nacional. Las facturas se intercambian a través de la red Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line), una red de access points interoperables.
Formato: UBL 2.1, conforme con EN 16931.
Ventaja del modelo Peppol: cualquier empresa que esté en la red Peppol puede intercambiar facturas con cualquier otra empresa en la red, independientemente del país europeo donde esté. Esto hace de Bélgica uno de los países con mayor potencial de interoperabilidad transfronteriza.
| País | Modelo | Formato principal | Plataforma | B2B obligatorio | Peculiaridad |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Post-audit + integridad SIF | Facturae / UBL / CII | AEAT (pública) + privadas | 2026-2027 (B2B), 2027 (VeriFactu) | Único sistema dual SIF + B2B |
| Italia | Clearance centralizado | FatturaPA (XML) | SDI (Agencia Tributaria) | Desde 2019 (B2B+B2C) | Toda factura pasa por SDI antes de llegar al receptor |
| Alemania | Post-audit descentralizado | XRechnung / ZUGFeRD | Sin plataforma central (Peppol) | Recepción 2025 / Emisión 2027-2028 | Sin central nacional; ZUGFeRD es PDF+XML híbrido |
| Francia | Modelo Y con PA certificadas | Factur-X / UBL / CII | PA (certificadas) + PPF (directorio) | Recepción sept. 2026 / Emisión sept. 2026-2027 | Toda factura debe pasar por una PA certificada |
| Polonia | Clearance centralizado (KSeF) | FA_VAT (XML polaco) | KSeF (Hacienda polaca) | Feb-abr. 2026 | Número KSeF obligatorio; sin él la factura no existe |
| Bélgica | Post-audit descentralizado | UBL 2.1 | Red Peppol | Desde ene. 2026 | Modelo más abierto; Peppol como infraestructura |
El modelo de clearance (Italia, Polonia, KSeF) exige que la factura sea validada por la autoridad fiscal antes de llegar al receptor. La autoridad fiscal actúa como intermediario en tiempo real. El modelo post-audit (Alemania, Bélgica, España B2B) permite que las facturas se intercambien directamente entre empresas y la autoridad las revisa a posteriori mediante reportes o auditorías.
España es un caso intermedio: el RRSIF (VeriFactu) es un sistema de integridad del software (más parecido al post-audit), pero los registros pueden transmitirse a la AEAT en tiempo real en modalidad VeriFactu.
Italia y Polonia usan plataformas centralizadas de Estado (SDI, KSeF). Francia usa plataformas privadas certificadas obligatorias (PA). Bélgica usa la red Peppol, abierta. Alemania no tiene plataforma central para B2B. España usará la solución pública de la AEAT más plataformas privadas interoperables.
Italia acepta solo FatturaPA (conversión obligatoria desde otros formatos). Polonia acepta solo FA_VAT. Francia admite Factur-X, UBL y CII. Alemania admite XRechnung y ZUGFeRD. España admite Facturae, UBL y CII. La tendencia europea apunta hacia la convergencia en EN 16931, pero los formatos nacionales específicos subsistirán durante años.
La iniciativa ViDA es el plan integral de la UE para modernizar el sistema del IVA mediante la digitalización. Introduce un marco estandarizado para el reporte de transacciones en tiempo real, convirtiendo la factura electrónica en el sistema de facturación por defecto, mientras que permite a los países alinear los modelos nacionales con las nuevas reglas.
El hito clave: en julio de 2030, el reporte digital obligatorio para todas las transacciones B2B intracomunitarias (entre empresas de distintos países de la UE) entra en vigor. Para 2035, todos los regímenes nacionales deben estar armonizados con ViDA.
Lo que esto significa en la práctica: si hoy una empresa española factura a una empresa alemana, la factura puede ser en PDF. En 2030, deberá ser en formato estructurado, con reporte en tiempo real a las autoridades fiscales de ambos países.
Para una pyme o empresa española con actividad en otros países de la UE, las implicaciones son concretas:
Múltiples formatos simultáneos: una empresa que factura en España, Alemania y Francia necesita generar Facturae (o UBL/CII) para España, XRechnung/ZUGFeRD para Alemania y Factur-X/UBL/CII para Francia. El ERP debe ser capaz de generar todos ellos.
Múltiples plataformas o access points: Italia exige el SDI, Francia exige una PA certificada, Bélgica exige Peppol. No hay una sola plataforma que cubra todos los países.
Calendarios no coincidentes: los plazos de cada país son diferentes y no están sincronizados entre sí. Una empresa puede estar ya obligada en Italia (desde 2019) y en Bélgica (desde 2026) pero aún en periodo transitorio en España y Alemania.
E-reporting adicional en algunos países: Francia exige e-reporting para B2C y ventas transfronterizas. Portugal exige SAF-T mensual. Estas obligaciones van más allá de la simple emisión de facturas estructuradas.
No directamente. Cada país exige sus formatos nacionales. Una factura española en Facturae no cumple los requisitos formales alemanes (XRechnung o ZUGFeRD). Para facturar en Alemania, hay que generar la factura en el formato que Alemania acepta. La norma EN 16931 garantiza la compatibilidad semántica, pero la conversión de formato puede ser necesaria.
Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) es una red de intercambio de documentos electrónicos que usa una infraestructura de access points interoperables. Varios países (Bélgica, países nórdicos, Países Bajos) la usan como infraestructura de facto para la facturación electrónica. España la admite pero no la impone como única infraestructura.
Depende de qué aspecto se mida. En integridad del software (VeriFactu/RRSIF), España está por delante de la mayoría de países europeos, que no tienen nada equivalente. En facturación electrónica B2B, llega más tarde que Italia (2019), Bélgica (2026) o Polonia (2026), pero antes que Irlanda o algunos países nórdicos.
Hoy, la factura puede enviarse en cualquier formato aceptado por ambas partes (incluso PDF). Cuando entren en vigor los plazos del RD 238/2026 en España y ViDA en 2030, la factura intracomunitaria deberá emitirse en formato estructurado conforme a EN 16931 y reportarse digitalmente a ambas administraciones fiscales.
InvoSeal está diseñado específicamente para el cumplimiento del marco español (VeriFactu/RRSIF y RD 238/2026). Para facturación en otros países de la UE, es necesario verificar los requisitos nacionales específicos de cada mercado. Consulta nuestra documentación técnica sobre el sistema de facturación verificable para más detalle sobre el alcance de InvoSeal.
La facturación electrónica obligatoria es una realidad en toda Europa, pero cada país ha tomado decisiones de diseño distintas en cuanto a formato, plataforma, modelo de validación y calendario. España ha optado por un modelo relativamente flexible (múltiples formatos, plataformas interoperables, solución pública gratuita) que contrasta con el clearance centralizado de Italia y Polonia, o con el sistema de PA certificadas de Francia.
Para 2030, ViDA convergerá todos estos sistemas en un marco común para las transacciones intracomunitarias. Hasta entonces, las empresas que operan en varios países europeos deben gestionar simultáneamente requisitos nacionales dispares.
La clave es tratarlo como lo que es: un proyecto de transformación digital, no un simple cambio de formato de factura.
]]>El RD 238/2026, que desarrolla la Ley Crea y Crece, establece que la obligación de emitir y recibir facturas electrónicas en operaciones B2B (entre empresas y profesionales) se aplicará de forma escalonada. Pero existe una condición de partida que lo cambia todo: los plazos no empiezan a contar desde la publicación del Real Decreto, sino desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial de Hacienda que regule la solución pública de facturación.
El 16 de abril de 2026, el Ministerio de Hacienda abrió el trámite de audiencia e información pública de ese proyecto de Orden Ministerial. El plazo concluye el 8 de mayo de 2026. Hasta que esa Orden no se apruebe y entre en vigor, ningún plazo está corriendo.
Fuente: Posicionamiento Nº 3/2026 de Economistas Contables EC-CGE (Consejo General de Economistas de España) y RD 238/2026.
Si tu empresa o actividad profesional factura más de 8 millones de euros anuales, deberás emitir y recibir facturas electrónicas en todas tus operaciones B2B transcurridos 12 meses desde que entre en vigor la Orden Ministerial.
Además, existe una nota transitoria importante: durante ese primer año de obligación, tendrás que acompañar cada factura electrónica con un PDF legible, salvo que el destinatario acepte expresamente el formato electrónico original.
La mayoría de pymes españolas está en este grupo. Si tu facturación anual es igual o inferior a 8 millones de euros, el plazo se amplía a 24 meses desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial.
Esto aplica tanto a personas físicas como jurídicas que desarrollen actividad empresarial o profesional y que tengan en España su sede, establecimiento permanente o residencia habitual.
Los autónomos y las entidades en régimen de atribución de rentas (comunidades de bienes, sociedades civiles, herencias yacentes) con facturación igual o inferior a 8 millones de euros tienen 12 meses adicionales sobre el plazo 2, lo que totaliza 36 meses desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial.
Es el plazo más largo del sistema y está pensado precisamente para dar más margen a los colectivos con menor capacidad de adaptación tecnológica.
| Quién | Plazo desde la Orden Ministerial |
|---|---|
| Facturación anual superior a 8 millones de euros | 12 meses |
| Resto de empresas y profesionales | 24 meses |
| Autónomos y atribución de rentas con facturación igual o inferior a 8 millones de euros | 36 meses |
Una vez que los plazos entren en vigor, la obligación implica:
La AEAT habilitará también una plataforma pública gratuita para autónomos y pequeñas empresas que no dispongan de software privado. Esta solución pública deberá estar disponible al menos dos meses antes de la primera fecha de obligación efectiva.
Es una confusión muy frecuente y es importante aclararla.
La factura electrónica obligatoria regulada por el RD 238/2026 afecta al intercambio de facturas entre empresas y profesionales. Su objetivo principal es la digitalización del tejido productivo y la reducción de la morosidad comercial.
VeriFactu es un sistema diferente: regula el reporte de registros de facturación directamente a la AEAT con fines de control fiscal. En principio entraría en vigor el 1 de enero de 2027 para sociedades.
InvoSeal está diseñado para el cumplimiento de VeriFactu. Para la factura electrónica B2B del RD 238/2026, los requisitos de software y plataforma son distintos y quedarán definidos en detalle por la Orden Ministerial pendiente. Puedes consultar más sobre VeriFactu en nuestra documentación sobre el sistema de facturación verificable.
No. Los plazos de 12, 24 y 36 meses no empiezan hasta que entre en vigor la Orden Ministerial de Hacienda que desarrolle la solución pública de facturación. A fecha de hoy, esa Orden está en trámite de audiencia pública, con plazo hasta el 8 de mayo de 2026.
No. La obligación de factura electrónica del RD 238/2026 aplica exclusivamente a operaciones B2B, es decir, cuando el destinatario de la factura es también un empresario o profesional con sede, establecimiento permanente o residencia habitual en España. Las facturas a particulares no entran en este régimen.
Las operaciones documentadas mediante facturas simplificadas (el equivalente a los tickets) están excluidas de la obligación, salvo las llamadas facturas simplificadas cualificadas.
No es obligatorio, pero sí es muy recomendable empezar a evaluar opciones. La Orden Ministerial definirá los requisitos técnicos exactos, y una vez publicada, los plazos son ajustados. Las empresas del primer tramo solo tendrán 12 meses para adaptarse desde ese momento.
Sí. El RD 238/2026 establece que habrá una solución pública gratuita gestionada por la AEAT, especialmente pensada para autónomos y pequeñas empresas. Deberá estar disponible al menos dos meses antes del primer plazo de obligación efectiva.
Los plazos son claros, pero el punto de partida es incierto porque depende de cuándo se apruebe la Orden Ministerial. Lo que sí es seguro es que, una vez publicada, los tiempos se acortarán: 12 meses es muy poco para adaptar sistemas, formar equipos y probar plataformas.
La ventana de preparación es ahora. Revisa tus sistemas de facturación, identifica en qué tramo te encuentras y, si tienes dudas sobre cómo el RD 238/2026 o VeriFactu afectan a tu actividad, consulta con tu asesor o revisa la documentación oficial del decreto.
]]>Confundir estos tres conceptos tiene consecuencias prácticas: empresas que creen estar cubiertas cuando no lo están, asesores que planifican la adaptación sobre una base incorrecta, y proveedores de software que venden cumplimiento de una normativa cuando el cliente también necesita cumplir con otra.
Los tres cambios coexistirán. Pero se aplican de forma independiente, sobre aspectos distintos del proceso de facturación. Veámoslos uno a uno.
Un Sistema Informático de Facturación (SIF) es, según la definición de la AEAT, el conjunto de hardware y software utilizado para expedir facturas que admita la entrada de información de facturación por cualquier vía, la conserve y la procese para generar los documentos derivados (facturas completas y simplificadas).
En términos prácticos: si tu empresa usa un programa informático para emitir facturas — ya sea un ERP, un software de gestión, un TPV o incluso una hoja de cálculo con fórmulas que permita alteraciones — ese sistema es un SIF.
El SIF está regulado por el Real Decreto 1007/2023 (RRSIF), que establece los requisitos técnicos que deben cumplir estos sistemas. El objetivo principal es eliminar el llamado "software de doble uso": programas que permiten ocultar ventas, eliminar facturas o manipular registros contables sin dejar rastro.
Para cumplir con el RRSIF, un SIF debe:
A todos los empresarios y profesionales establecidos en España que utilicen un sistema informático para expedir facturas — tanto a empresas como a particulares. También a los productores y comercializadores del software de facturación.
Están excluidos quienes facturan manualmente (sin software), los contribuyentes del SII (Suministro Inmediato de Información) y determinados regímenes especiales.
VeriFactu (también escrito VERI*FACTU) es una modalidad de cumplimiento del RRSIF — no una normativa independiente. Es la opción en la que el SIF, además de generar los registros de facturación con hash encadenado, los remite en tiempo real a la sede electrónica de la AEAT en el momento de expedir cada factura.
En otras palabras: un SIF que cumple el RRSIF puede funcionar en dos modos:
No necesariamente. La norma exige que el SIF tenga la capacidad técnica de remisión a la AEAT, pero la remisión efectiva de registros en tiempo real es una opción — altamente recomendada porque simplifica el cumplimiento y reduce cargas de custodia. El modo No VeriFactu también es válido si el sistema cumple todos los requisitos de integridad del RRSIF.
InvoSeal opera en modalidad No VeriFactu: genera todos los registros con hash encadenado, código QR y garantías de integridad exigidas, cumpliendo el RRSIF sin remisión automática a la AEAT. Esta es la modalidad que elige quién quiere control total sobre sus registros antes de cualquier envío.
El objetivo de VeriFactu (y del RRSIF en general) es eliminar el fraude fiscal derivado del software de doble uso. No modifica las obligaciones sustantivas de facturación: no cambia quién debe facturar, qué debe contener una factura ni cuándo debe emitirse.
La factura electrónica B2B es la obligación de emitir y recibir facturas en formato estructurado electrónico (Facturae, UBL o CII) en todas las operaciones comerciales entre empresas y profesionales. Está regulada por el Real Decreto 238/2026, que desarrolla la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022).
Su objetivo es completamente distinto al del SIF y VeriFactu: no se trata de controlar la integridad del software, sino de digitalizar el intercambio comercial entre empresas y combatir la morosidad mediante la trazabilidad del pago.
A todos los empresarios y profesionales que realicen operaciones B2B (entre empresas o profesionales) con sede, establecimiento permanente o residencia habitual en España. No afecta a las ventas a consumidores finales (B2C).
Los plazos no han comenzado. Todo depende de la Orden Ministerial de Hacienda que regule la solución pública de facturación (en trámite de audiencia pública hasta el 8 de mayo de 2026). Una vez publicada:
Consulta el detalle de estos plazos en nuestro artículo sobre los plazos reales del RD 238/2026.
| SIF (RD 1007/2023) | VeriFactu (modalidad RRSIF) | Factura electrónica B2B (RD 238/2026) | |
|---|---|---|---|
| Qué es | El sistema informático que emite facturas | Modalidad del SIF con remisión a la AEAT | Obligación de emitir facturas en formato estructurado |
| Objetivo | Eliminar software de doble uso / fraude fiscal | Remisión automática de registros a la AEAT | Digitalizar el intercambio B2B y combatir la morosidad |
| Normativa | RD 1007/2023 (RRSIF) | RD 1007/2023 (modalidad opcional/voluntaria) | RD 238/2026 (Ley Crea y Crece) |
| Afecta a | Todos los que usen software para facturar | Quienes opten por remisión automática a la AEAT | Solo operaciones entre empresas y profesionales (B2B) |
| Operaciones | B2B y B2C | B2B y B2C | Solo B2B |
| Formato de factura | Cualquiera (la norma regula el sistema, no el formato) | Cualquiera (ídem) | Estructurado obligatorio: Facturae, UBL, CII |
| Plazo — sociedades | Antes del 1 enero 2027 | Ídem | 12 meses desde Orden Ministerial (sin fecha aún) |
| Plazo — autónomos | Antes del 1 julio 2027 | Ídem | 36 meses desde Orden Ministerial |
| Quién certifica | El productor del software (declaración responsable) | El propio sistema (remite a AEAT) | Las plataformas de intercambio |
Imagina una sociedad limitada que vende material de oficina a otras empresas. Desde 2027 deberá:
Usar un SIF adaptado al RRSIF: su software de facturación debe generar registros con hash encadenado y código QR. Puede hacerlo en modo VeriFactu (remitiendo a la AEAT) o en modo No VeriFactu (guardando localmente con todas las garantías).
Emitir las facturas a sus clientes empresas en formato estructurado (Facturae, UBL o CII) a través de una plataforma interoperable, conforme al RD 238/2026, cuando sus plazos entren en vigor.
Son dos obligaciones distintas sobre dos aspectos distintos del mismo proceso de facturación. Cumplir una no exime de la otra.
InvoSeal da cumplimiento al RRSIF (RD 1007/2023) en modalidad No VeriFactu: genera los registros de facturación con hash encadenado, incluye el código QR reglamentario y garantiza la integridad e inalterabilidad de los registros conforme a los requisitos técnicos del Real Decreto.
Para la factura electrónica B2B del RD 238/2026, los requisitos de plataforma e interoperabilidad quedarán definidos por la Orden Ministerial pendiente. InvoSeal sigue de cerca estos desarrollos para ofrecer cobertura completa cuando los plazos entren en vigor.
Consulta nuestra documentación técnica sobre el sistema de facturación verificable para ver cómo InvoSeal implementa los requisitos del RRSIF.
Ambos modos son válidos. La norma exige que el SIF tenga la capacidad técnica de remisión, pero no obliga a usar el modo VeriFactu. El modo No VeriFactu cumple el RRSIF si el sistema genera los registros con hash encadenado y todas las garantías de integridad exigidas.
No. El RRSIF regula la integridad del sistema que genera facturas. La factura electrónica B2B regula el formato en que esas facturas se intercambian entre empresas. Son capas de obligación independientes.
El SIF: los autónomos tienen hasta el 1 de julio de 2027 y las sociedades hasta el 1 de enero de 2027. La factura electrónica B2B aún no tiene fecha de inicio porque depende de la Orden Ministerial pendiente. En la práctica, el SIF y VeriFactu llegan primero para la mayoría.
Son programas informáticos que permiten ocultar ventas, eliminar facturas o manipular el registro contable sin dejar rastro. Al exigir que los registros de facturación sean inalterables y encadenados con hash, el RRSIF hace que cualquier modificación posterior sea detectable.
Sí. Usar software no conforme con los requisitos del RRSIF puede suponer sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio para el usuario, y hasta 150.000 euros por ejercicio para el fabricante o distribuidor.
El mapa normativo de la facturación española en 2026-2027 es complejo pero manejable si se entiende bien la estructura. Hay tres cambios reales: adaptar el software al RRSIF (SIF), decidir si se opera en modo VeriFactu o No VeriFactu, y prepararse para emitir y recibir facturas en formato estructurado cuando la factura electrónica B2B entre en vigor.
La clave para empresas y asesores es no tratar estos tres cambios como uno solo. Cada uno tiene su normativa, su calendario y sus requisitos técnicos específicos. Abordarlos de forma separada y planificada es la forma más eficiente de llegar a 2027 con todos los sistemas en orden.
]]>Para entender bien las exenciones, hay que partir de la estructura del impuesto. El IVA grava la entrega de bienes y la prestación de servicios realizadas por empresarios o profesionales en el ámbito de su actividad (artículo 4 Ley 37/1992). Pero no todas las operaciones que realiza un empresario o profesional tributan igual — ni siquiera todas tributan.
Hay tres categorías básicas:
Operaciones sujetas y no exentas: están dentro del ámbito del IVA y se les aplica el tipo correspondiente (21%, 10% o 4%). El empresario repercute el IVA al cliente, lo declara y tiene derecho a deducir el IVA soportado en sus compras.
Operaciones sujetas y exentas: están dentro del ámbito del IVA (se produce el hecho imponible), pero la ley las libera del pago del impuesto. El empresario no repercute IVA al cliente, pero con consecuencias importantes para su derecho a deducir.
Operaciones no sujetas: quedan fuera del ámbito del IVA por definición. No hay hecho imponible. El impuesto no nace.
Esta distinción no es solo académica. Tiene consecuencias prácticas muy concretas.
Las operaciones no sujetas están reguladas en el artículo 7 de la Ley 37/1992. Son aquellas que, aunque las realice un empresario o profesional, no constituyen hecho imponible del IVA porque la propia ley las excluye de su ámbito. Algunos ejemplos relevantes:
En estas operaciones no se emite factura con IVA porque el impuesto no existe. Si el operador emite factura, la razón de la ausencia de IVA debe reflejarse con la mención "operación no sujeta a IVA en virtud del artículo 7 de la Ley 37/1992 de IVA".
Las operaciones exentas sí están dentro del ámbito del IVA — se produce el hecho imponible — pero la ley, por razones de política fiscal o social, las libera del pago del impuesto. La regulación principal está en los artículos 20 a 27 de la Ley 37/1992.
Esta distinción tiene un impacto directo en la prorrata: si la empresa realiza simultáneamente operaciones sujetas y no exentas y operaciones exentas, su derecho a deducir el IVA soportado se ve reducido en función de la proporción de operaciones exentas. Si la operación no fuera sujeta (art. 7 LIVA), directamente no entraría en el cálculo de la prorrata. Clasificar mal puede distorsionar la declaración del impuesto.
El artículo 20 de la Ley 37/1992 regula las exenciones en operaciones interiores. Son exenciones limitadas: el empresario no repercute IVA, pero tampoco puede deducir el IVA soportado en los bienes y servicios que adquiere para realizar esas operaciones exentas.
Las exenciones se agrupan en grandes categorías:
Están exentos los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria, los servicios médicos y sanitarios prestados por profesionales médicos o sanitarios, y los servicios de asistencia social. Incluye hospitales, clínicas, médicos, dentistas (con matices), trabajadores sociales y centros de día.
Están exentos los servicios de educación de la infancia y la juventud, guarda y custodia de niños, enseñanza escolar, universitaria y de posgrado, formación y reciclaje profesional prestados por entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas. La clave es que la entidad esté autorizada o reconocida: un freelance que da formación no bonificada tributa IVA salvo que esté incluido en alguna de las excepciones.
Están exentos los servicios culturales prestados por entidades públicas o entidades sin fines lucrativos reconocidas, las representaciones teatrales, musicales y circenses prestadas por estas entidades, y los servicios deportivos y recreativos prestados a personas físicas por entidades sin fines lucrativos o por federaciones deportivas.
Están exentas las operaciones de seguro y reaseguro, los servicios de mediación en operaciones financieras, y múltiples operaciones financieras: depósitos, préstamos, avales, transferencias, compraventa de divisas, operaciones con valores. Esta exención es amplia pero tiene excepciones (gestión de carteras de valores, por ejemplo, puede estar sujeta).
Están exentas la segunda y ulterior entrega de edificaciones (la primera entrega por el promotor tributa al tipo reducido del 10%), el arrendamiento de viviendas para uso como tal, y la constitución y transmisión de derechos reales de goce sobre terrenos no edificables. El arrendamiento de locales de negocio está sujeto y no exento (tributa al 21%).
Importante: el empresario puede renunciar a la exención en la transmisión de terrenos y edificaciones (art. 20.Dos LIVA), lo que invierte la regla y convierte la operación en sujeta y no exenta, activando la inversión del sujeto pasivo.
Son un tipo radicalmente diferente de exención. Las exportaciones (art. 21) y las entregas intracomunitarias de bienes (art. 25) están exentas, pero el empresario sí conserva el derecho a deducir el IVA soportado. Por eso se llaman "exenciones plenas": el efecto es como tributar al 0% en destino, no como tener una limitación al derecho de deducción.
Aquí está el núcleo práctico del artículo. El artículo 6.1.j) del Real Decreto 1619/2012 (Reglamento de Facturación) es taxativo:
Toda factura debe contener, entre sus menciones obligatorias: "En el caso de que la operación que se documenta en la factura esté exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, referencia a las disposiciones normativas aplicables."
Esto significa que no basta con poner "exento de IVA" o simplemente no incluir el impuesto. La factura debe identificar la norma concreta que ampara la exención.
La práctica correcta —y la que exige la AEAT en sus revisiones— es incluir la mención de la forma más precisa posible. Algunos ejemplos:
| Tipo de operación | Mención correcta en la factura |
|---|---|
| Servicio médico | "Exento de IVA. Art. 20.Uno.3.º Ley 37/1992" |
| Servicio educativo | "Exento de IVA. Art. 20.Uno.9.º Ley 37/1992" |
| Arrendamiento de vivienda | "Exento de IVA. Art. 20.Uno.23.º Ley 37/1992" |
| Operación financiera (préstamo) | "Exento de IVA. Art. 20.Uno.18.º Ley 37/1992" |
| Seguro | "Exento de IVA. Art. 20.Uno.16.º Ley 37/1992" |
| Exportación | "Exento de IVA. Art. 21 Ley 37/1992" |
| Entrega intracomunitaria | "Exento de IVA. Art. 25 Ley 37/1992" |
| Operación no sujeta (art. 7) | "Operación no sujeta a IVA. Art. 7 Ley 37/1992" |
Cuando la Ley del IVA remite a una Directiva europea (lo que ocurre en algunas exenciones), también es admisible citar el artículo de la Directiva 2006/112/CE junto con el precepto interno.
La omisión de la referencia normativa en una factura exenta tiene consecuencias directas:
1. La factura es formalmente inválida como documento justificante de la operación, al incumplir el art. 6.1.j) del RD 1619/2012. Esto puede impedir al receptor utilizarla como soporte documental a efectos contables y fiscales.
2. Riesgo de inspección y sanción: la AEAT ha detectado este error sistemáticamente en revisiones de expedientes de formación bonificada (en las que el emisor factura como exento por el art. 20.Uno.9.º pero sin citar el precepto) y en operaciones inmobiliarias. La ausencia de la mención puede interpretarse como indicador de que el emisor no tenía claro si la exención era aplicable.
3. Impacto en el receptor: si el receptor ha contabilizado la factura como soporte de una operación exenta y la factura resulta formalmente inválida, puede verse obligado a regularizar su posición fiscal.
Con la entrada en vigor del RD 238/2026 (factura electrónica B2B), las facturas exentas también deberán emitirse en formato estructurado (Facturae, UBL o CII). El campo de la mención de exención (o causa de no sujeción) tiene asignado un elemento específico en el esquema XML de estos formatos.
En el contexto del RRSIF y VeriFactu (RD 1007/2023), el registro de facturación generado por el SIF incluirá el tipo de operación, y la correcta clasificación entre operación exenta y operación no sujeta tiene impacto directo en los registros que se transmiten (o se conservan) para la AEAT. Un SIF que no distinga correctamente entre exención y no sujeción puede generar registros incorrectos que den lugar a requerimientos de información por parte de la Administración.
Esta es la distinción más importante desde el punto de vista de la gestión fiscal del empresario:
Exenciones limitadas (la mayoría de las del art. 20 LIVA: sanidad, educación, seguros, inmuebles de segunda transmisión, arrendamiento de vivienda): el empresario no repercute IVA, pero tampoco puede deducir el IVA soportado en sus compras relacionadas con esas actividades. Si realiza tanto operaciones exentas como no exentas, debe aplicar la regla de prorrata para determinar qué porcentaje de IVA soportado puede deducir.
Exenciones plenas (exportaciones, entregas intracomunitarias): el empresario no repercute IVA, pero sí puede deducir el IVA soportado. Son "exenciones con derecho a deducción" o exenciones en el país de destino. Desde el punto de vista de la empresa, el efecto económico es el de un tipo 0%.
Depende. Si imparte educación de la infancia, enseñanza escolar o universitaria, o formación y reciclaje profesional como entidad autorizada o reconocida, puede aplicar la exención del art. 20.Uno.9.º LIVA. Si da clases particulares sin estar en ninguno de esos supuestos, la operación está sujeta y no exenta. La clave es si la actividad y la entidad cumplen los requisitos de la exención.
En general no, si los servicios son de asistencia sanitaria por un profesional médico (art. 20.Uno.3.º LIVA). Pero si el médico presta servicios de peritaje, informes judiciales o actividades no estrictamente sanitarias, esos servicios pueden estar sujetos y no exentos. La exención no es automática por ser médico: depende del tipo de servicio prestado.
No. El arrendamiento de locales destinados a actividades económicas está sujeto y no exento, al tipo general del 21%. Solo el arrendamiento de viviendas para uso como tal (art. 20.Uno.23.º LIVA) está exento. El error de emitir facturas sin IVA por arrendamiento de local es frecuente y tiene consecuencias en el IVA declarado.
La diferencia es que solo el segundo cumple la obligación legal. El artículo 6.1.j) del RD 1619/2012 exige la referencia a las disposiciones normativas aplicables, no una mención genérica. Poner solo "exento de IVA" sin citar el precepto hace que la factura sea formalmente incompleta.
Sí, aunque el artículo 6.1.j) habla literalmente de exenciones. La buena práctica —y lo que exige la AEAT en sus modelos— es incluir la referencia al artículo 7 de la Ley 37/1992 cuando la operación no está sujeta. Sin esa mención, la factura tampoco es suficientemente informativa para el receptor ni para una eventual inspección.
Solo en algunos casos tasados. La renuncia a la exención en operaciones inmobiliarias (art. 20.Dos LIVA) es la más relevante: permite al vendedor de un inmueble de segunda transmisión optar por repercutir IVA (con inversión del sujeto pasivo), lo que resulta ventajoso si el comprador tiene pleno derecho a deducir. Fuera de este supuesto específico, las exenciones del art. 20 son irrenunciables.
Emitir una factura sin IVA porque la operación está exenta no es suficiente. La ley exige saber por qué está exenta y decirlo en la factura, citando el artículo concreto de la Ley del IVA que ampara esa exención.
Esta obligación, que lleva vigente desde el RD 1619/2012, cobra nueva relevancia con la factura electrónica y el RRSIF: en los formatos estructurados, la causa de exención es un campo con valor predefinido, no un texto libre. Si el software no la gestiona correctamente, el registro de facturación puede resultar incorrecto.
Para asesores, contables y empresas, la revisión periódica de si las facturas exentas que emiten o reciben cumplen con el art. 6.1.j) del RD 1619/2012 es una tarea básica de control interno que puede evitar problemas mayores ante una inspección.
Consulta nuestra documentación técnica sobre el ciclo de facturación en InvoSeal para ver cómo gestionamos la clasificación de operaciones exentas y no sujetas en los registros del RRSIF.
]]>El Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, publicado en el BOE el 6 de diciembre de 2023, es la norma que desarrolla el artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria, introducido por la Ley 11/2021 (la conocida como Ley Antifraude). En román paladino: es el reglamento que dice cómo deben ser los programas informáticos que usas para facturar.
Su objetivo no es complicarte la vida. Es acabar con el llamado "software de doble uso": programas que permitían llevar dos contabilidades, modificar facturas ya emitidas o borrar registros sin dejar rastro. La AEAT calcula que esa práctica suponía pérdidas significativas de recaudación, y la respuesta normativa ha sido exigir que cualquier programa de facturación (lo que la norma llama Sistema Informático de Facturación o SIF) garantice cuatro principios innegociables: integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.
Para ti, autónomo o pyme, la traducción es sencilla: a partir de la fecha que te aplique, no podrás seguir facturando con Excel, Word, plantillas caseras ni con programas que no estén adaptados al RD 1007/2023. Y si lo haces, las multas son fijas, no graduables, y se aplican aunque no haya fraude alguno.
El artículo 3 del Real Decreto 1007/2023 define el ámbito subjetivo. La norma aplica a todas las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades económicas y emitan facturas mediante un sistema informático, incluyendo:
Hay, sin embargo, exclusiones importantes que conviene conocer:
Si tienes dudas sobre tu caso concreto, conviene consultarlo con tu asesor fiscal antes de tomar decisiones.
El RD 1007/2023 te obliga, a partir de la fecha que te corresponda, a utilizar un SIF que cumpla los requisitos del reglamento. Esto significa, en la práctica:
Existen dos modalidades para cumplir: VeriFactu (envías los registros a la AEAT en tiempo casi real) o No-VeriFactu (los conservas en local con medidas de seguridad reforzadas). Si quieres profundizar en las diferencias, tenemos un artículo dedicado: VeriFactu vs No-VeriFactu: diferencias, plazos 2027 y cuál elegir.
Para que un programa de facturación se considere conforme al RD 1007/2023, debe cumplir los ocho requisitos siguientes (recogidos esencialmente en los artículos 7 y 8 del reglamento):
A esto se suma, en la factura visible, el código QR tributario conforme a la norma ISO/IEC 18004, con un tamaño entre 30 y 40 milímetros, que la persona destinataria puede escanear para verificar la factura.
Si quieres el detalle exhaustivo de los campos que debe contener cada registro, lo desglosamos en este artículo complementario: Checklist completo: qué debe contener una factura y un SIF según el RD 1007/2023.
Este es probablemente el apartado más importante para ti, porque ha cambiado dos veces en el último año y muchos contenidos en internet siguen desactualizados. Las fechas vigentes a fecha de hoy (abril de 2026), tras la última modificación introducida por el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre (BOE de 3 de diciembre de 2025), son:
| Hito | Fecha | Estado |
|---|---|---|
| Publicación del RD 1007/2023 | 6 de diciembre de 2023 | ✅ Vigente |
| Publicación de la Orden HAC/1177/2024 (especificaciones técnicas) | 28 de octubre de 2024 | ✅ Vigente |
| Plazo para fabricantes de software (9 meses desde la Orden) | 29 de julio de 2025 | ✅ Cumplido |
| Aplicación gratuita de la AEAT disponible | Octubre de 2025 | ✅ Disponible |
| Obligación para sociedades (Impuesto sobre Sociedades) | 1 de enero de 2027 | 🟡 Próximamente |
| Obligación para autónomos y resto de obligados | 1 de julio de 2027 | 🟡 Próximamente |
Es decir: si eres autónomo, tienes hasta el 1 de julio de 2027 para tener tu sistema de facturación adaptado. Si eres sociedad, tu plazo termina el 1 de enero de 2027.
Hay un dato adicional relevante: durante 2026 se mantiene un entorno de pruebas en la sede de la AEAT donde los obligados pueden enviar registros de prueba sin consecuencias. Es el momento ideal para ir adaptándose con calma.
El régimen sancionador está en el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria, introducido por la Ley 11/2021. Distingue entre dos tipos de infracción:
Infracción del usuario final (autónomo o pyme): la mera tenencia de un SIF no certificado, cuando deba estarlo, o el uso de un sistema certificado al que se hayan introducido modificaciones para saltarse los controles. La sanción es una multa pecuniaria fija de 50.000 € por ejercicio fiscal.
Infracción del fabricante de software: producir, fabricar o comercializar sistemas que no cumplan el reglamento. La sanción asciende a 150.000 € por ejercicio y por cada tipo de software, más 1.000 € por cada sistema comercializado sin certificación cuando esta sea exigible.
El detalle más delicado, según ha confirmado la propia AEAT en sus FAQ, es que la sanción se aplica por la mera tenencia o uso del software no conforme, sin que la inspección tenga que demostrar que ha habido fraude o ingresos ocultos. Basta con que el sistema esté instalado y operativo. Hay una excepción razonable: si conservas el programa antiguo solo para consultar facturas históricas pero no puedes facturar con él, podría no entenderse cometida la infracción —siempre con valoración del comportamiento del obligado.
La recomendación operativa es clara: cuando llegues a tu fecha de obligación, desinstala o deshabilita la función de facturación de cualquier programa antiguo, exporta sus registros y guárdalos como archivo histórico.
Estos son los pasos concretos que puedes dar desde ya, ordenados de menor a mayor esfuerzo:
Paso 1 — Audita tu situación actual. ¿Con qué facturas hoy? Si la respuesta es Excel, Word, una plantilla casera o un programa antiguo, anota que vas a tener que cambiar antes de julio de 2027. Si usas un programa de facturación comercial, pasa al paso 2.
Paso 2 — Pide la Declaración Responsable a tu proveedor. Es el documento clave, tu escudo legal. Cualquier proveedor de software de facturación legítimo debe poder entregártela en cuestión de días. Si te dan largas o no saben de qué les hablas, considera cambiar de proveedor; eso es señal de incumplimiento.
Paso 3 — Verifica los elementos visibles en tus facturas. Una factura emitida por un SIF conforme debe incluir, además de los datos tradicionales: un código QR tributario, y —si trabajas en modalidad VeriFactu— la mención "Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT" o la palabra "VERI*FACTU".
Paso 4 — Decide tu modalidad: VeriFactu o No-VeriFactu. No es una decisión menor. La modalidad VeriFactu es más sencilla operativamente (envías y olvidas) pero implica visibilidad inmediata de tus facturas para la AEAT. No-VeriFactu te exige más responsabilidades técnicas (registro de eventos, firma electrónica) pero mantiene los datos en local hasta que te los requieran.
Paso 5 — Si eres autónomo con pocas facturas, evalúa la aplicación gratuita de la AEAT. La Agencia Tributaria pone a disposición desde octubre de 2025 una aplicación gratuita para emitir facturas conformes al reglamento. Es funcional para volúmenes bajos y sin necesidades de integración.
Paso 6 — Si necesitas integración con contabilidad, TPV, e-commerce u otros sistemas, busca una solución profesional. El mercado de SIF adaptados es ya amplio y hay soluciones para todos los presupuestos y verticales.
Paso 7 — Aprovecha el entorno de pruebas durante 2026. Configura tu sistema en modo prueba, emite algunas facturas, verifica que los QR funcionan, que los registros se generan correctamente. Es gratis y sin consecuencias.
Paso 8 — Mantén informado a tu asesor fiscal. El cumplimiento del RD 1007/2023 tiene implicaciones fiscales y de tratamiento contable. Tu asesor debe estar al tanto del software que usas y de la modalidad elegida.
¿El RD 1007/2023 obliga a usar factura electrónica?
No. El RD 1007/2023 regula los requisitos del software de facturación, no el formato del documento. Puedes seguir emitiendo facturas en papel (con código QR) si tu actividad lo permite. La obligación de factura electrónica es una normativa distinta, que viene del RD 238/2026 y la Ley Crea y Crece, con plazos diferentes. Son dos obligaciones que conviven.
¿Qué pasa si estoy en SII?
Si tu empresa está acogida al SII (obligatoriamente o de forma voluntaria), quedas fuera del ámbito del RD 1007/2023. Si en algún momento sales del SII, sí te aplicaría el reglamento desde ese momento.
¿Y si emito todas mis facturas a mano, en papel?
Técnicamente, si no usas ningún sistema informático, no estás obligado por el RD 1007/2023. En la práctica, esta opción es muy residual y, con la futura factura electrónica B2B obligatoria, será inviable para la mayoría de actividades.
¿Pueden multarme aunque mi facturación sea correcta?
Sí. La sanción del artículo 201 bis LGT se aplica por la mera tenencia de software no conforme cuando deba estar certificado, sin necesidad de que se demuestre fraude. Por eso es tan importante adaptarse antes de la fecha límite.
¿Tengo que cambiar de programa si ya uso uno?
Depende de si tu programa actual está adaptado al RD 1007/2023 o no. Pídele a tu proveedor la Declaración Responsable: si la tiene y está actualizada para tu versión del software, no tienes que cambiar. Si no la tiene o no la actualiza, sí.
¿Cuánto cuesta un SIF adaptado?
Hay opciones gratuitas (la aplicación de la AEAT, válida para autónomos con poco volumen), opciones desde 5-10 € al mes para autónomos con volumen medio, y soluciones empresariales con integración contable y multi-usuario en rangos mayores. Tenemos un análisis comparativo: Software de facturación VeriFactu 2027: comparativa de 21 programas.
¿Las facturas simplificadas (tickets) también deben llevar QR?
Sí. Tanto las facturas completas como las simplificadas emitidas a través de un SIF deben incluir el código QR tributario.
¿Qué pasa si mi sistema falla y no puedo emitir el QR?
El reglamento contempla la posibilidad de incidencias técnicas. En ese caso, debes registrar el evento en el sistema (es uno de los requisitos del registro de eventos en modalidad No-VeriFactu) y emitir las facturas pendientes en cuanto el sistema vuelva a estar operativo. La AEAT no sanciona incidencias puntuales documentadas; sí sanciona la tenencia de software no conforme.
El RD 1007/2023 es una de las reformas más relevantes en facturación de los últimos años. Para ti, autónomo o pyme, las claves son tres:
No esperes a junio de 2027 para empezar. En los últimos meses antes de la entrada en vigor, los proveedores se saturan, los soportes se colapsan y los precios suben. El coste de prepararse hoy es mínimo. El coste de no estar listo, 50.000 €.
Lectura relacionada:
InvoSeal es un SIF adaptado al RD 1007/2023 y la Orden HAC/1177/2024, con doble modalidad VeriFactu / No-VeriFactu, hash SHA-256, encadenamiento, QR tributario y Declaración Responsable. Si quieres llegar a 2027 sin sobresaltos, consulta nuestra documentación o contacta con nosotros.
]]>El RD 1007/2023 opera en dos niveles que conviene no confundir:
Nivel 1: el Sistema Informático de Facturación (SIF). Son los requisitos que debe cumplir el programa de facturación como software: cómo genera los registros, cómo los protege, cómo los encadena y cómo los conserva. Regulados principalmente en los artículos 7, 8, 10, 11 y 12 del RD 1007/2023 y desarrollados en la Orden HAC/1177/2024.
Nivel 2: la factura como documento. Son los elementos adicionales que la factura emitida debe incluir en su representación visible (papel o electrónica): el código QR, la mención VeriFactu (si aplica) y los datos mínimos según el Reglamento de Obligaciones de Facturación (RD 1619/2012), que sigue vigente y es complementario.
El sistema informático debe garantizar las seis características esenciales de los registros de facturación:
Por cada factura expedida (completa o simplificada), el SIF debe generar de forma simultánea o inmediatamente anterior un registro que contenga, como mínimo:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| NIF del emisor | Número de identificación fiscal del obligado a expedir la factura |
| Nombre/razón social del emisor | Nombre completo o denominación social |
| NIF del destinatario | Cuando sea obligatorio según el RD 1619/2012 |
| Nombre/razón social del destinatario | Cuando sea obligatorio |
| Emisor de la factura | Indicación de si ha sido expedida por el propio obligado, por el destinatario o por un tercero |
| NIF y nombre del tercero/destinatario emisor | Si aplica (art. 5 y 6 del RD 1007/2023) |
| Número de factura | Y serie, si existe |
| Fecha de expedición | De la factura |
| Fecha de operación | Si difiere de la fecha de expedición |
| Tipo de factura | Completa o simplificada |
| Clave de régimen | Régimen de IVA aplicable |
| Descripción de la operación | Concepto de la factura |
| Base imponible | Por tipo impositivo |
| Tipo impositivo | Porcentaje de IVA aplicado |
| Cuota repercutida | Importe de IVA |
| Importe total | De la factura |
| Base exenta | Si la operación está exenta de IVA, con indicación de la causa |
| Base no sujeta | Si la operación no está sujeta a IVA, con indicación de la causa |
| Recargo de equivalencia | Si aplica |
| Retención | Cuando exista retención de IRPF u otra |
| Datos del registro anterior | Número, serie, fecha y primeros 64 caracteres del hash del registro inmediatamente anterior (encadenamiento) |
| Identificación del SIF | Código de identificación del sistema informático, nombre, versión y NIF del productor |
| Fecha y hora de generación | Del propio registro (fecha, hora, minuto y segundo) |
| Huella (hash) | Hash SHA-256 calculado sobre los campos del registro |
Cuando se anula una factura, el SIF debe generar un registro de anulación vinculado al registro de alta original. Contiene:
Un registro de anulación no elimina el registro de alta original — lo complementa. El registro de alta permanece intacto e inalterable en el sistema.
Cada registro de facturación (alta o anulación) debe incorporar una huella digital calculada mediante la función SHA-256 sobre campos definidos del registro. Esta huella garantiza que cualquier modificación posterior del contenido sea detectable.
Además, cada registro nuevo debe incluir los primeros 64 caracteres del hash del registro inmediatamente anterior, junto con su número de factura, serie y fecha. Esto crea una cadena criptográfica donde cada registro depende del anterior — si se altera o elimina un registro, la cadena se rompe y el sistema debe activar una alarma.
Si el SIF genera un nuevo registro, antes de hacerlo debe comprobar que el último registro existente está correctamente encadenado. Si detecta una rotura en la cadena de integridad, debe registrar un evento de anomalía.
En modalidad No-VeriFactu (cuando los registros no se envían a la AEAT), el SIF debe mantener un registro de eventos inalterable que documente:
En modalidad VeriFactu, el registro de eventos no es obligatorio, ya que la custodia de los registros recae en la AEAT.
El fabricante o productor del SIF debe emitir una Declaración Responsable que certifique que su sistema cumple con todos los requisitos del RD 1007/2023 y la Orden HAC/1177/2024. Esta declaración debe:
Sin esta declaración, el software no puede considerarse adaptado y su uso puede acarrear sanciones de hasta 50.000 € por ejercicio.
Toda factura emitida a través de un SIF adaptado al RRSIF debe incluir un código QR con los siguientes datos:
Especificaciones técnicas del QR:
El QR permite al destinatario (cliente o consumidor) verificar la factura en la sede electrónica de la AEAT escaneándolo con un dispositivo móvil o con la app AEAT.
Las facturas emitidas por un SIF que opere en modalidad VeriFactu (con envío de registros a la AEAT) deben incluir la frase:
"Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT" o simplemente "VERI*FACTU"
Las facturas emitidas en modalidad No-VeriFactu no deben incluir esta mención.
El RD 1007/2023 no sustituye al Reglamento de Obligaciones de Facturación (RD 1619/2012). Las facturas siguen debiendo contener los datos que ya eran obligatorios: número correlativo, datos del emisor y destinatario, descripción, base imponible, tipo de IVA, cuota, fecha, etc. Lo que añade el RRSIF es la capa de requisitos del sistema que las genera (hash, encadenamiento, QR) y las obligaciones del software como producto (Declaración Responsable, registro de eventos).
A partir de 2027, usar un SIF que no cumpla con estos requisitos es sancionable con hasta 50.000 € por ejercicio fiscal para el usuario, sin necesidad de que la AEAT demuestre fraude. El fabricante se expone a multas de hasta 150.000 € por ejercicio por cada programa no adaptado que haya vendido.
La recomendación es clara: solicita la Declaración Responsable a tu proveedor, verifica que está actualizada a la versión que utilizas y, si tienes dudas, consulta con tu asesor fiscal antes de la fecha de obligación.
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InvoSeal cumple con todos los requisitos del RD 1007/2023 y la Orden HAC/1177/2024: hash SHA-256, encadenamiento, QR tributario, registro de eventos, firma electrónica y Declaración Responsable. Además, ofrece modo dual (VeriFactu / No-VeriFactu) para que seas tú quien decida. Consulta nuestra documentación o contacta con nosotros.
]]>Un embargo de créditos a terceros es un mecanismo por el cual la autoridad fiscal, ante una deuda tributaria impagada, ordena al cliente de un contribuyente que pague directamente a Hacienda lo que le debía al contribuyente. El dinero no llega al empresario deudor: va directamente del cliente al fisco.
En la práctica funciona así:
Este mecanismo no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la velocidad y la precisión con la que las autoridades fiscales pueden ejecutarlo gracias a los datos de facturación electrónica en tiempo real.
Italia fue el primer país europeo en imponer la facturación electrónica B2B obligatoria en 2019. Desde entonces, la Agenzia delle Entrate tiene acceso completo a todas las facturas emitidas y recibidas por cada contribuyente a través del Sistema di Interscambio (SdI). Son datos estructurados, en tiempo real, con detalle de importes, fechas, emisor y destinatario.
La Manovra 2026 (Ley de Presupuestos italiana para 2026) ha dado un paso más: autoriza expresamente a la Agenzia delle Entrate-Riscossione a utilizar los datos de las facturas electrónicas del SdI para localizar créditos comerciales e iniciar embargos a terceros (pignoramenti presso terzi) de forma más rápida y dirigida.
Hasta ahora, el principal cuello de botella de los embargos a terceros era encontrar al "terzo giusto" — el cliente correcto donde existiera un crédito interceptable. De los aproximadamente 600.000 embargos a terceros ejecutados anualmente en Italia, solo el 22,5% tenía éxito, con un cobro medio de 10.500 €. Con el acceso a los datos de las e-fatture, la Administración puede analizar los últimos seis meses de facturación de un contribuyente y detectar clientes recurrentes, relaciones comerciales estables y flujos de caja predecibles. El objetivo declarado es recaudar más de 1.000 millones de euros anuales adicionales.
Las consecuencias para el empresario italiano son directas: si tiene deudas tributarias pendientes y emite facturas a clientes, la Agenzia puede bloquear el cobro de esas facturas antes de que el dinero llegue a su cuenta. Y el cliente que recibe la notificación de embargo se encuentra en una posición delicada: debe decidir si paga a Hacienda o al proveedor, con consecuencias legales en ambos casos.
En España, el mecanismo de embargo de créditos a terceros está regulado en la Ley General Tributaria (art. 171) y en el Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005). La AEAT puede notificar diligencias de embargo directamente al cliente del deudor, ordenándole que pague a Hacienda.
Con VeriFactu en modalidad de envío, la AEAT recibe los registros de facturación en tiempo real. Esto significa que, técnicamente, puede saber en el momento en que un contribuyente con deudas pendientes emite una factura a un cliente, identificar la relación comercial y actuar sobre ese crédito.
La AEAT ya dispone de la funcionalidad de "Embargo de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo" en su sede electrónica, donde los clientes del deudor pueden consultar y contestar las diligencias de embargo. Con los datos de VeriFactu, la selección de a quién embargar deja de ser un proceso manual basado en inspecciones puntuales y se convierte en un cruce de datos automatizado.
¿Qué pasa con No-VeriFactu? En modalidad No-VeriFactu, la AEAT no recibe los registros de facturación en tiempo real. Solo tiene visibilidad de las operaciones del contribuyente cuando este presenta el modelo 347 en febrero del ejercicio siguiente, o cuando requiere formalmente los registros en una inspección. Esto significa que la ventana para ejecutar embargos dirigidos basados en datos de facturación es considerablemente más estrecha.
Esta diferencia no es accidental: es una de las razones por las que el RD 1007/2023 ofrece explícitamente las dos modalidades. El contribuyente que elige No-VeriFactu no incumple ninguna norma — simplemente no da acceso en tiempo real a sus datos de facturación.
Con el sistema KSeF en marcha desde 2026, la autoridad fiscal polaca (KAS) tiene acceso en tiempo real a todas las facturas emitidas y recibidas por cualquier contribuyente. La capacidad técnica para identificar créditos comerciales y ejecutar embargos existe, igual que en Italia.
Sin embargo, a diferencia de Italia, Polonia no ha regulado explícitamente el uso de los datos de KSeF para fines de ejecución recaudatoria de forma tan directa. Las leyes de ejecución fiscal polacas permiten embargos de créditos a terceros, pero el vínculo formal con los datos de facturación electrónica no se ha establecido con la misma claridad que en la Manovra italiana.
Eso no significa que no pueda ocurrir. El precedente italiano marca el camino, y cualquier país con un sistema de clearance centralizado tiene la infraestructura para hacer lo mismo.
En los países que utilizan modelos de intercambio (Peppol) o post-auditoría, la autoridad fiscal no tiene acceso en tiempo real a los datos de facturación transacción por transacción. La información llega mediante declaraciones periódicas de IVA, listados anuales o ficheros SAF-T bajo requerimiento.
Esto limita significativamente la capacidad de la Administración para ejecutar embargos de créditos dirigidos basados en datos de facturación reciente. Los embargos siguen existiendo, pero se basan en información más antigua y menos granular.
En Alemania, donde la obligación de emitir e-invoices no llega hasta 2027-2028 y no existe un sistema de clearance centralizado, la autoridad fiscal opera fundamentalmente en modo post-auditoría. Los embargos de créditos requieren procedimientos judiciales o administrativos que no se alimentan de datos de facturación en tiempo real.
En Bélgica, con Peppol como estándar B2B desde enero de 2026, las facturas circulan entre empresas por una red descentralizada. La administración fiscal belga puede acceder a datos de forma paralela pero no opera un sistema de validación centralizado. La capacidad de identificar créditos comerciales en tiempo real es limitada comparada con Italia o España.
| País | Acceso en tiempo real a facturas | Embargos basados en datos de facturación | Marco legal específico |
|---|---|---|---|
| Italia | Sí (SdI, desde 2019) | Sí, formalizado en Manovra 2026 | Art. 72-bis DPR 602/73 + acceso SdI |
| España | Sí (VeriFactu envío) / No (No-VeriFactu) | Sí, capacidad operativa activa | Art. 171 LGT + datos VeriFactu |
| Polonia | Sí (KSeF, desde 2026) | Capacidad técnica, no regulado específicamente | Leyes de ejecución fiscal + KSeF |
| Francia | Desde sep 2026 (PDP/PPF) | Por determinar (sistema en despliegue) | Pendiente |
| Rumanía | Sí (RO e-Factura) | Probable (clearance centralizado) | Legislación fiscal rumana |
| Bélgica | Parcial (Peppol descentralizado) | Limitada (sin clearance central) | Procedimientos generales |
| Alemania | No (post-auditoría → 2027) | No (sin datos en tiempo real) | Procedimientos judiciales |
| Nórdicos | Parcial (Peppol B2G) | Limitada | Procedimientos generales |
Cuando Hacienda embarga un crédito comercial, el afectado directo no es solo el deudor tributario — es también su cliente. El cliente recibe una notificación que le ordena pagar a Hacienda en lugar de al proveedor. Si ignora la notificación, puede enfrentarse a sanciones propias. Si la paga, puede tener un conflicto con su proveedor. Si la factura está en disputa (trabajos no terminados, penalizaciones, devoluciones), la situación se complica exponencialmente.
En Italia se está documentando un incremento del contencioso "a catena" entre deudor y cliente cuando la Administración actúa sobre facturas cuyo crédito no es necesariamente líquido ni exigible en ese momento.
Un embargo de créditos puede bloquear el flujo de caja de un negocio de forma inmediata. Si un empresario depende de cobros mensuales de pocos clientes grandes (algo habitual en construcción, servicios profesionales, distribución), un solo embargo puede dejarle sin liquidez para pagar nóminas, proveedores o alquileres.
Con facturación electrónica en tiempo real, ese embargo puede llegar horas después de emitir la factura — antes incluso de que el plazo de pago haya vencido.
El cliente que recibe una diligencia de embargo no solo se entera de que su proveedor tiene deudas con Hacienda — la propia diligencia le comunica la cuantía exacta de la deuda: el importe no ingresado en periodo voluntario, el recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento. Es decir, la AEAT pone en conocimiento de un tercero (el cliente) datos fiscales detallados del contribuyente deudor, sin que este haya dado su consentimiento para esa divulgación.
Esto supone una vulneración directa del espíritu de la LOPD y el RGPD que la Ley General Tributaria se permite a sí misma. El artículo 95 de la LGT establece el carácter reservado de los datos tributarios. Sin embargo, la diligencia de embargo incluye la cuantía exacta de la deuda del contribuyente — importe principal, recargo de apremio, intereses y costas —, pese a que esa información no es necesaria para ejecutar el embargo.
La mecánica del embargo no la requiere: la AEAT ordena al cliente que retenga todos los pagos pendientes al proveedor y le pregunta cuánto le debe y cuándo vencen esos pagos. Eso es todo lo que necesita para ejecutar la retención. No necesita decirle al cliente cuánto debe el proveedor a Hacienda. Sin embargo, lo hace. El resultado es que el cliente conoce la situación fiscal detallada de su proveedor — una información que no le corresponde, que no ha solicitado y que la normativa de protección de datos prohibiría en cualquier otro contexto.
¿Por qué lo hace entonces? La única explicación operativa es la presión. Un cliente que sabe que su proveedor debe una cantidad concreta a Hacienda cambia su comportamiento: puede endurecer condiciones de pago, exigir garantías adicionales, buscar proveedores alternativos o simplemente perder la confianza. La divulgación del importe no ayuda a ejecutar el embargo; ayuda a crear un entorno de presión social y comercial sobre el deudor. Y el contribuyente no puede impedirlo ni fue consultado al respecto.
¿Desde cuándo ocurre esto? El embargo de créditos a terceros no es una novedad de la era digital. La AEAT lleva ejecutando este mecanismo desde la aprobación de la Ley General Tributaria de 2003 (Ley 58/2003), que formalizó el procedimiento en sus artículos 170 y 171, y del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005), que lo desarrolló en su artículo 81. Pero los antecedentes son anteriores: el antiguo Reglamento General de Recaudación de 1990 (RD 1684/1990) ya contemplaba el embargo de créditos a terceros como herramienta recaudatoria. Lo que cambia con la facturación electrónica en tiempo real no es el instrumento legal, sino la capacidad de selección del objetivo: antes la AEAT necesitaba investigar activamente las relaciones comerciales del deudor; ahora, con VeriFactu o con el SdI italiano, esa información llega sola.
La facturación electrónica en tiempo real acelera muchas cosas buenas (verificación de facturas, borradores de IVA, simplificación administrativa). Pero también acelera las malas: un error en un requerimiento de pago que se cruza con datos de facturación reciente puede generar un embargo injustificado que tarde semanas o meses en resolverse, mientras la liquidez del empresario se evapora.
Conocer su situación fiscal. Antes de elegir entre VeriFactu y No-VeriFactu, conviene saber si existen deudas tributarias pendientes, aplazamientos vencidos o requerimientos no atendidos. Si la respuesta es sí, la visibilidad en tiempo real multiplica el riesgo de embargos dirigidos.
Elegir conscientemente la modalidad de su software. Si el programa de facturación solo permite VeriFactu (envío automático), el contribuyente no tiene opción de limitar la visibilidad que da a Hacienda. Un software dual (VeriFactu / No-VeriFactu) permite tomar esa decisión de forma informada.
Mantener al día los aplazamientos y fraccionamientos. La normativa española establece que, mientras un contribuyente esté al corriente de pago de un aplazamiento, la AEAT no puede iniciar nuevas acciones ejecutivas. Esto incluye embargos de créditos.
Informar a su asesor fiscal del modelo elegido. La decisión entre VeriFactu y No-VeriFactu no es solo técnica: tiene implicaciones directas en el riesgo de ejecución recaudatoria. El asesor fiscal debería participar en esa decisión.
Documentar las relaciones comerciales. Si un cliente recibe una diligencia de embargo sobre una factura en disputa, la documentación contractual (SAL, actas de entrega, notas de crédito, penalizaciones) es la única defensa.
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InvoSeal ofrece modo dual (VeriFactu y No-VeriFactu) precisamente para que sea el empresario, junto a su asesor, quien decida el nivel de visibilidad que da a la Administración. Si quieres entender cómo afecta esto a tu negocio, consulta nuestra documentación o contacta con nosotros.
]]>El 11 de marzo de 2025, el Consejo de la UE adoptó formalmente el paquete ViDA (VAT in the Digital Age), la reforma más ambiciosa del sistema de IVA europeo desde su creación. Publicado en el Diario Oficial el 25 de marzo de 2025, ViDA establece un calendario progresivo que culmina en 2035:
El mensaje de ViDA es claro: la factura electrónica estructurada será el estándar único europeo. Los PDF, las facturas en papel y los formatos no estructurados dejarán de ser válidos para transacciones intracomunitarias.
No todos los países implementan la facturación electrónica de la misma manera. Existen tres grandes modelos:
Modelo de acreditación (clearance): la factura pasa por un sistema centralizado de la autoridad fiscal que la valida antes de que sea legalmente válida. Italia fue pionera con el Sistema di Interscambio (SdI) en 2019. Polonia ha seguido con KSeF. España, con VeriFactu en su modalidad de envío, se acerca a este modelo.
Modelo de intercambio (Peppol/redes): las facturas se intercambian entre empresas a través de redes certificadas como Peppol, sin pasar necesariamente por un validador fiscal central. Bélgica y los países nórdicos utilizan este enfoque. Las facturas se reportan a la autoridad fiscal de forma paralela o posterior.
Modelo de post-auditoría: las facturas se emiten libremente y la autoridad fiscal las revisa después, típicamente a través de ficheros SAF-T o reporting periódico. Alemania y varios países del este de Europa están en transición desde este modelo hacia modelos más activos.
En la práctica, muchos países combinan elementos de varios modelos. Francia, por ejemplo, utiliza plataformas certificadas (PDP) en un modelo de "cinco esquinas" que mezcla intercambio privado con reporting centralizado.
Italia fue el primer país de la UE en imponer facturación electrónica B2B obligatoria, en enero de 2019. Todas las facturas domésticas (B2B, B2C y B2G) deben emitirse en formato FatturaPA (un esquema XML propio) y transmitirse a través del Sistema di Interscambio (SdI), que actúa como plataforma centralizada de validación. Cualquier otro formato debe convertirse a FatturaPA antes de ser enviado. Es el modelo de clearance más maduro de Europa.
Polonia ha puesto en marcha su sistema KSeF (Krajowy System e-Faktur) con un despliegue por fases: desde febrero de 2026 para grandes contribuyentes (facturación >200M PLN) y desde abril de 2026 para el resto. Utiliza el formato XML FA(3), un esquema propietario, y un modelo de clearance centralizado donde toda factura debe pasar por KSeF y obtener un identificador antes de enviarse al cliente. La factura legal es siempre el XML; el PDF es solo una visualización.
Desde el 1 de enero de 2026, todas las empresas belgas con registro de IVA deben intercambiar facturas B2B en formato estructurado a través de la red Peppol, utilizando el formato Peppol BIS (UBL 2.1). Es el primer país de la UE en hacer obligatorio Peppol para B2B, un enfoque descentralizado y sin plataforma fiscal central.
Francia inicia su despliegue en septiembre de 2026. Todas las empresas deberán poder recibir facturas electrónicas. Las grandes y medianas empresas deberán además emitirlas. Las pymes y microempresas se incorporarán en septiembre de 2027. El modelo utiliza plataformas certificadas privadas (PDP) que se conectan a una plataforma pública central (PPF) que actúa como directorio y concentrador de datos. Acepta tres formatos: UBL, CII y Factur-X (formato híbrido franco-alemán).
Alemania impuso la obligación de recibir facturas electrónicas desde enero de 2025. La obligación de emitirlas llegará de forma escalonada: enero de 2027 para empresas con facturación >800.000 € y enero de 2028 para el resto. No impone un formato único, sino que acepta cualquier formato conforme al estándar EN 16931 (los más comunes son XRechnung y ZUGFeRD). El enfoque alemán es pragmático, con períodos de transición amplios.
España está implantando dos normativas paralelas. Por un lado, VeriFactu (RD 1007/2023), que regula los requisitos técnicos del software de facturación (hash, encadenamiento, QR, envío opcional a AEAT) con obligación para sociedades en enero de 2027 y autónomos en julio de 2027. Por otro, la factura electrónica B2B obligatoria (Ley 18/2022, Crea y Crece), desarrollada por el RD 238/2026, que establece las siguientes fechas:
La solución pública de facturación electrónica estará disponible en la sede electrónica de la AEAT al menos 2 meses antes de la primera fecha de aplicación.
Lo particular de España es que VeriFactu ofrece dos modalidades (VeriFactu y No-VeriFactu), y es el contribuyente quien elige, una flexibilidad poco habitual en el panorama europeo.
Además, la Resolución de 18 de diciembre de 2024 (BOE-A-2024-27600) aprobó los documentos normalizados de representación para el envío de registros VeriFactu a través de terceros. Esto define cómo pueden actuar las empresas de software y los profesionales tributarios como representantes del contribuyente ante la AEAT, estableciendo tres modelos: representación directa del contribuyente al software (Anexo I), del contribuyente al profesional tributario (Anexo II), y del profesional tributario al software (Anexo III). Es una pieza clave de la infraestructura que habilita que asesorías y plataformas SaaS puedan enviar los registros en nombre de sus clientes.
Portugal ya exige formato estructurado (CIUS-PT) para B2G y códigos QR en facturas B2B. La facturación electrónica B2B obligatoria está prevista para enero de 2027 a través de la red Peppol.
Rumanía tiene activo su sistema RO e-Factura con obligatoriedad B2B desde 2024, ampliándose a facturas simplificadas B2C en 2025. Es otro modelo de clearance donde las facturas pasan por un sistema centralizado de validación.
Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia llevan años utilizando Peppol para B2G y tienen infraestructura madura. Dinamarca exigirá sistemas digitales de contabilidad compatibles con facturación electrónica y SAF-T desde enero de 2026. Noruega prevé B2B obligatorio en 2027 y contabilidad digital en 2030.
Grecia tiene un sistema de reporting fiscal electrónico activo y ofrece incentivos económicos a las empresas que adopten facturación electrónica anticipadamente: 100% de depreciación adicional por tecnología y 100% de incremento en gastos deducibles por creación y gestión de facturas electrónicas.
| País | B2G obligatorio | B2B obligatorio | Modelo | Formato principal |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Sí (desde 2014) | Sí (desde 2019) | Clearance (SdI) | FatturaPA (XML) |
| Polonia | Sí | Sí (2026, fases) | Clearance (KSeF) | FA(3) (XML) |
| Bélgica | Sí | Sí (enero 2026) | Intercambio (Peppol) | Peppol BIS / UBL 2.1 |
| Francia | Sí | Sep 2026 (recepción) / Sep 2027 (emisión pymes) | Híbrido (PDP + PPF) | UBL, CII, Factur-X |
| Alemania | Sí | 2027-2028 (emisión) | Post-auditoría → transición | XRechnung, ZUGFeRD (EN 16931) |
| España | Sí | Oct 2027 (>8M€) / Oct 2028 (resto) | VeriFactu (clearance/local) | Facturae + VeriFactu XML |
| Portugal | Sí | Previsto 2027 (Peppol) | Intercambio (Peppol) | CIUS-PT |
| Rumanía | Sí | Sí (2024) | Clearance (RO e-Factura) | XML |
| Dinamarca | Sí | 2026 (sistemas digitales) | Post-auditoría + SAF-T | EN 16931 |
| Noruega | Sí (2019) | Previsto 2027 | Intercambio (Peppol) | EHF / Peppol BIS |
| Grecia | Sí | Parcial (incentivos) | Reporting + incentivos | myDATA XML |
A pesar de las diferencias, hay elementos que se repiten en todos los países:
El papel y el PDF desaparecen como formato legal. En todos los modelos avanzados, la factura legalmente válida es el fichero XML estructurado. El PDF, si existe, es solo una representación visual. Un desajuste entre el XML y el PDF puede suponer riesgos fiscales graves (como se ha visto en Polonia con KSeF).
El estándar EN 16931 se impone como base común. Es la norma europea de referencia para facturas electrónicas, revisada en 2025 para adaptarse a transacciones B2B. Cada país puede añadir su CIUS (especificación de uso nacional), pero el núcleo es el mismo.
La tendencia es hacia reporting en tiempo real. Ya sea por clearance (Italia, Polonia), envío voluntario (España con VeriFactu) o reporting paralelo (Francia), la dirección es que las autoridades fiscales tengan acceso a los datos de facturación casi en el momento de la emisión.
Las sanciones por incumplimiento son significativas en todos los países. Desde los 50.000 € por ejercicio en España hasta multas proporcionales al volumen de facturación en otros países.
Hay un aspecto de la facturación electrónica en tiempo real que rara vez aparece en las guías oficiales pero que tiene un impacto directo en la operativa de las empresas: el uso de los datos de facturación para acelerar embargos de créditos.
Cuando una autoridad fiscal tiene acceso en tiempo real a todas las facturas emitidas por un contribuyente, no solo puede verificar el cumplimiento del IVA — también puede identificar rápidamente qué clientes le deben dinero al contribuyente y actuar sobre esos créditos si el contribuyente tiene deudas tributarias pendientes.
Italia ya lo ha formalizado. La Manovra 2026 (Ley de Presupuestos italiana) autoriza expresamente a la Agenzia delle Entrate-Riscossione a utilizar los datos de las facturas electrónicas del Sistema di Interscambio (SdI) para localizar créditos hacia clientes e iniciar pignoramenti (embargos) de forma más rápida y dirigida. El objetivo declarado es recaudar más de 1.000 millones de euros anuales adicionales. De los aproximadamente 600.000 embargos a terceros que se ejecutan cada año en Italia, solo el 22,5% tiene éxito; con los datos de las e-fatture, la Administración espera mejorar significativamente esa tasa de éxito identificando al "terzo giusto" — el cliente correcto donde hay un crédito interceptable.
España tiene la misma capacidad. Con VeriFactu en modalidad de envío, la AEAT recibe los registros de facturación en tiempo real y puede cruzar datos para emitir notificaciones de embargo de créditos sobre facturas recién registradas si el emisor tiene deudas pendientes. Esta es precisamente una de las razones por las que el RD 1007/2023 ofrece la modalidad No-VeriFactu como alternativa: el contribuyente que no envía sus registros en tiempo real no expone esa información hasta que presenta el modelo 347 en febrero del ejercicio siguiente o hasta que la AEAT los requiere en una inspección.
Polonia (KSeF) otorga a la autoridad fiscal (KAS) acceso en tiempo real a todos los datos de facturación. Aunque el uso explícito para embargos de créditos no se ha regulado tan abiertamente como en Italia, la capacidad técnica está ahí: el KAS puede ver todas las facturas emitidas y recibidas por cualquier contribuyente en el momento de su emisión.
Bélgica, Alemania y los países nórdicos operan con modelos de intercambio (Peppol) o post-auditoría donde la autoridad fiscal no tiene acceso inmediato a los datos de facturación transacción por transacción. La información llega mediante declaraciones periódicas o a requerimiento. Esto limita la capacidad de la Administración para actuar en tiempo real sobre los créditos del contribuyente.
Esta diferencia es relevante y debería ser un factor en la evaluación de cualquier sistema de facturación. No se trata solo de cumplir la normativa, sino de entender qué consecuencias prácticas tiene cada modelo sobre la relación del contribuyente con su autoridad fiscal.
España ocupa una posición intermedia. No es pionera como Italia ni tiene un sistema tan avanzado como el KSeF polaco, pero tampoco va rezagada: VeriFactu es un sistema técnicamente sólido que cubre los requisitos de integridad, trazabilidad e inalterabilidad, y ofrece al contribuyente algo que pocos sistemas europeos ofrecen — la opción de elegir entre enviar los registros a la autoridad fiscal en tiempo real o custodiarlos localmente con medidas de seguridad equivalentes.
Esa flexibilidad es un rasgo diferenciador. En Italia no hay opción: todo pasa por SdI. En Polonia no hay opción: todo pasa por KSeF. En Bélgica no hay opción: todo va por Peppol. En España, el contribuyente decide.
La pregunta es si esa flexibilidad se mantendrá cuando entre en vigor la factura electrónica B2B (Ley Crea y Crece) y cuando ViDA exija alineamiento con el estándar europeo en 2035. Las empresas que se preparen ahora con sistemas capaces de operar en ambas modalidades estarán mejor posicionadas para lo que venga.
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InvoSeal está diseñado para cumplir tanto con los requisitos de VeriFactu como con los estándares europeos de facturación electrónica. Si quieres preparar tu facturación para la convergencia normativa europea, consulta nuestra documentación o contacta con nosotros.
]]>Antes de entrar en la comparativa, conviene entender una distinción que la propia Agencia Tributaria establece en sus FAQ oficiales. Según la AEAT, los sistemas informáticos de facturación (SIF) comercializados pueden ser de dos tipos:
Esto es relevante porque no todos los programas del mercado ofrecen la misma flexibilidad. Algunos te obligan a enviar tus registros a Hacienda en tiempo real sin opción de optar por el modo No-VeriFactu; otros te dan la posibilidad de elegir según las necesidades de tu negocio.
¿Existe un listado oficial de software homologado? No. La AEAT no certifica ni publica un listado oficial de programas autorizados. Son los propios fabricantes quienes deben garantizar el cumplimiento mediante una Declaración Responsable, que debe estar visible en el software y actualizarse con cada versión. Lo que debes pedir a tu proveedor es esa declaración, no una supuesta "homologación" que no existe.
La siguiente tabla recoge los principales programas de facturación disponibles en el mercado español a abril de 2026, organizados por modalidad: primero los duales (que respetan la elección que la ley otorga al contribuyente), después los que solo ofrecen VeriFactu y, por último, los que no están adaptados. La información se ha obtenido de las páginas oficiales de cada producto y de sus declaraciones públicas sobre adaptación al RRSIF.
| Software | Modalidad | Tipo | Perfil objetivo | Precio orientativo |
|---|---|---|---|---|
| Holded | Dual (VeriFactu / No-VeriFactu) | Nube (ERP) | Autónomos, pymes, startups | Desde 7,50 €/mes |
| Sage 50 | Dual (configurable) | Híbrido (escritorio + nube) | Pymes, asesorías, comercio | Desde 35 €/mes |
| Wolters Kluwer (a3) | Dual (configurable) | Escritorio + nube | Asesorías, pymes, autónomos | Desde 9,95 €/mes |
| InvoSeal | Dual (VeriFactu / No-VeriFactu) | Nube (app web) | Autónomos, pymes, empresas | Consultar |
| ClassicGes (AIG) | Dual (VeriFactu / No-VeriFactu) | Escritorio | Pymes, comercio, distribución | Consultar |
| ClaveiPro / ClaveiGes | Dual (configurable con casilla) | Escritorio (ERP) | Pymes industriales, distribución, agro | Consultar |
| SAP Business One + Inforges | Dual (módulo VeriFactu) | Escritorio (ERP) | Medianas y grandes empresas | Consultar |
| Software | Modalidad | Tipo | Perfil objetivo | Precio orientativo |
|---|---|---|---|---|
| App gratuita AEAT | Solo VeriFactu | Nube (web AEAT) | Autónomos con pocas facturas | Gratuito |
| Quipu | VeriFactu (envío activo) | Nube | Autónomos, micropymes, asesorías | Desde 11 €/mes |
| TeamSystem Factusol | VeriFactu (adaptado con envío) | Escritorio + nube | Pymes, comercio, distribución | Desde 0 € (versión básica) |
| TeamSystem Facturas Billin | VeriFactu (envío activo) | Nube | Autónomos, micropymes | Desde 9 €/mes |
| STEL Order | VeriFactu (adaptado) | Nube | Pymes de servicios, movilidad | Desde 19,90 €/mes |
| SeniorConta / SeniorFactu | Solo VeriFactu | Escritorio + nube | Pymes, autónomos | Consultar |
| Contasimple | VeriFactu (plan de adaptación comunicado) | Nube | Autónomos con conocimientos contables | Desde 0 € (versión básica) |
| Declarando | VeriFactu (adaptado) | Nube | Autónomos | Desde 29,99 €/mes |
| Alegra | VeriFactu (versión ES adaptada) | Nube | Autónomos, micropymes | Desde 9 €/mes |
| FacturaDirecta | VeriFactu (modo activo) | Nube | Freelancers, autónomos | Desde 6 €/mes |
| Facturavia | Solo VeriFactu | Nube | Autónomos, pymes | Desde 12 €/mes |
| B2Brouter | VeriFactu (como servicio/API) | Nube (API/portal) | Desarrolladores, empresas con ERP propio | Según volumen |
| Verifacti (API) | Solo VeriFactu (API) | Nube (API) | Desarrolladores de software | Según volumen |
| Software | Modalidad | Tipo | Perfil objetivo | Precio orientativo |
|---|---|---|---|---|
| Excel / Word / plantillas | No adaptable | — | — | Sanciones de hasta 50.000 € |
Nota importante: esta tabla refleja la información publicada por los fabricantes a fecha de abril de 2026. Las condiciones, precios y modalidades pueden cambiar. Verifica siempre directamente con el proveedor y solicita la Declaración Responsable antes de contratar.
Hay un hecho que a menudo pasa desapercibido en este debate: el RD 1007/2023 reconoce expresamente dos modalidades legales de funcionamiento — VeriFactu y No-VeriFactu — y deja la elección en manos del contribuyente. No es una cuestión de cumplir más o menos; ambas modalidades son igualmente válidas y están reguladas con el mismo nivel de detalle. La propia AEAT lo confirma en sus FAQ al distinguir entre SIF "solo VeriFactu" y SIF "duales".
Sin embargo, cuando se observa el mercado, la mayoría de programas de facturación solo ofrecen VeriFactu. De los 21 sistemas que recoge esta comparativa, solo 7 son duales. El resto ha optado por implementar únicamente la modalidad de envío automático, eliminando de facto una opción que la ley concede al contribuyente.
¿Por qué ocurre esto? Porque desarrollar un sistema dual es técnicamente más exigente: requiere implementar tanto la capa de envío a la AEAT como la de firma electrónica local, registro de eventos y custodia inalterable. Y porque la AEAT, comprensiblemente, incentiva el uso de VeriFactu — un sistema donde Hacienda recibe toda la información en tiempo real le resulta más cómodo para el control fiscal.
¿Cuál es el problema? Que un software que solo ofrece VeriFactu le quita al contribuyente una decisión que la ley le reconoce. Y esa decisión no es trivial:
Son implicaciones reales sobre la relación del contribuyente con la Administración, y deberían ser el contribuyente y su asesor fiscal quienes decidan, no el proveedor de software por omisión.
Un software dual no es un lujo, es respeto por el derecho de elección del contribuyente. Si tu programa de facturación solo te permite VeriFactu, no es porque la ley lo exija — es porque el fabricante decidió no implementar la otra opción. Y eso, como mínimo, debería ser algo que tengas en cuenta antes de contratar.
Son los más flexibles y los que respetan la elección que la ley otorga al contribuyente. Permiten al usuario elegir la modalidad de funcionamiento y, en algunos casos, cambiar de una a otra (con la restricción de que, una vez activado VeriFactu, la opción se mantiene al menos hasta el 31 de diciembre del año en que se hizo el primer envío).
Holded es uno de los más conocidos en esta categoría. En su panel de configuración (Conformidad > Facturación) permite seleccionar entre "Sí VeriFactu", "No VeriFactu" o "Exento". Una vez activado VeriFactu, las facturas aprobadas se bloquean y se envían con QR verificable. Si se elige No-VeriFactu, el sistema igualmente garantiza integridad e inalterabilidad, pero no realiza el envío automático.
Sage 50, con su modelo híbrido escritorio + nube, también ofrece configuración dual. Es especialmente sólido en entornos donde la precisión contable y la profundidad fiscal son prioritarias: asesorías, comercio con inventario complejo, empresas con multiactividad.
Wolters Kluwer (a3) ofrece modo dual con una pantalla de configuración clara donde el usuario indica si quiere enviar registros mediante VeriFactu o no. Si se opta por No-VeriFactu, el sistema genera registros firmados y un registro de eventos exportable ante cualquier requerimiento de la Administración. Incluye Declaración Responsable y es especialmente popular entre asesorías y despachos profesionales.
InvoSeal es una aplicación web en la nube diseñada desde su arquitectura para ofrecer modo dual. El usuario puede configurar si quiere operar en VeriFactu (con envío automático a la AEAT) o en No-VeriFactu (con custodia local, firma electrónica y registro de eventos), y cambiar de modalidad cuando lo necesite, respetando las restricciones temporales que marca la norma.
Los ERP especializados como ClaveiPro, ClaveiGes o las integraciones de Inforges para SAP Business One también ofrecen modo dual, generalmente activable con una casilla de configuración. Son la opción natural para pymes industriales, distribuidoras o empresas agroalimentarias que pueden tener centros de operación con y sin conectividad.
ClassicGes (AIG) es otro dual interesante para comercio y distribución, con Declaración Responsable actualizada en cada Service Pack.
Estos programas únicamente permiten trabajar en modalidad VeriFactu. Cada factura que emites genera un registro que se envía automáticamente a la AEAT. No tienes opción de retener los registros en local.
Ventaja: máxima simplicidad. No hay que decidir nada: todo se envía. Ideal si no tienes inconveniente en que Hacienda tenga visibilidad inmediata y completa de tu facturación.
Inconveniente: sin flexibilidad. Si en algún momento necesitas operar en un entorno sin conectividad o prefieres no dar acceso en tiempo real a la AEAT (por ejemplo, ante la posibilidad de que Hacienda emita notificaciones de embargo de créditos sobre facturas recién registradas si tienes deudas pendientes), no tendrás esa opción. El proveedor de software ha tomado esa decisión por ti.
La aplicación gratuita de la AEAT es el caso más evidente: funciona exclusivamente en VeriFactu, no permite exportar registros a otro SIF y tiene limitaciones funcionales (no admite facturas simplificadas, no se integra con contabilidad). Pero para un autónomo con pocas facturas al mes, cumple perfectamente.
Otros como Facturavia, SeniorConta / SeniorFactu (de DSG Software) o Verifacti también operan exclusivamente en VeriFactu. SeniorConta es un programa de escritorio con opción en la nube, orientado a pymes y autónomos, que combina facturación y contabilidad con envío automático a la AEAT. Verifacti funciona como API para desarrolladores que quieran integrar el envío a AEAT en su propio software sin desarrollar la capa de comunicación.
Varios programas populares han comunicado su adaptación a VeriFactu y ofrecen envío de registros a la AEAT, pero no documentan explícitamente una modalidad No-VeriFactu configurable. Esto no significa que no la tengan internamente — puede que no la destaquen comercialmente porque la AEAT incentiva el uso de VeriFactu — pero conviene preguntar directamente al proveedor antes de asumir que existe la opción.
Quipu ha completado la adaptación y emite facturas con sello AEAT, QR y URL verificable. Su enfoque está claramente orientado a VeriFactu, con integración bancaria potente (OCR, conciliación).
TeamSystem Factusol y TeamSystem Facturas Billin (antes Billin) están adaptados con envío automático, QR y registro inalterable. Factusol tiene la ventaja de integrar gestión de inventario, cobros y pagos en un entorno muy completo para pymes.
STEL Order se orienta a empresas de servicios con movilidad (fontaneros, electricistas, mantenimiento), con app nativa y facturación en campo.
Declarando combina facturación VeriFactu con planificación fiscal y gestión de deducciones, siendo atractivo para autónomos que quieren optimizar su IRPF.
A partir de 2027, no será válido facturar con Excel, Word, plantillas PDF editables ni ningún programa que no cumpla los requisitos del RRSIF. La sanción por el mero uso de software no adaptado es de hasta 50.000 € por ejercicio fiscal, sin necesidad de que la AEAT demuestre fraude.
Si actualmente facturas con alguna de estas herramientas, 2026 es el año para migrar. La recomendación de la AEAT para quienes usen software no adaptado es exportar los registros históricos y desinstalar el programa antes de la fecha de obligación.
Antes de elegir un software de facturación, haz estas preguntas al proveedor:
¿Tiene Declaración Responsable publicada? Es el único documento que acredita la conformidad. Si no la tiene, no es legalmente conforme. Recuerda: la AEAT no certifica software; es el fabricante quien autocertifica.
¿Permite modo dual (VeriFactu y No-VeriFactu)? Si valoras poder elegir, asegúrate de que la opción existe y está documentada. Si solo ofrece VeriFactu, entiende lo que eso implica en términos de visibilidad ante Hacienda.
¿Qué pasa si quiero cambiar de modalidad? La norma permite pasar de No-VeriFactu a VeriFactu en cualquier momento. Pero una vez activado VeriFactu, la opción se mantiene al menos hasta el 31 de diciembre del año siguiente. El cambio inverso tiene restricciones.
¿Cómo gestiona las incidencias de envío? En VeriFactu, si falla la conexión con la AEAT, el sistema debe reintentar periódicamente. Pregunta si tiene cola de envío automática y manejo de errores.
¿Se integra con mi contabilidad, banco o ERP? La facturación no existe en el vacío. Valora si el programa se conecta con tu flujo de trabajo real.
¿Qué coste tiene y qué incluye? Algunos planes básicos no incluyen VeriFactu o lo ofrecen como add-on. Verifica que la funcionalidad de conformidad está incluida en el plan que contratas.
No existe un "mejor software" universal. La elección depende de tu volumen de facturación, tu infraestructura técnica, tu nivel de comodidad con la visibilidad ante Hacienda y el grado de integración que necesitas con otros sistemas.
Lo que sí es universal: a partir de 2027, el software que uses debe cumplir el RD 1007/2023. Si no lo hace, las consecuencias económicas pueden ser severas. Y si todavía facturas con Excel o plantillas, el reloj corre.
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InvoSeal es un sistema de facturación dual diseñado desde su arquitectura para cumplir con los requisitos del RD 1007/2023, ofreciendo al usuario la elección entre modalidad VeriFactu y No-VeriFactu según las necesidades de su negocio. Si quieres saber cómo InvoSeal puede encajar en tu operativa, consulta nuestra documentación o contacta con nosotros.
]]>Para entender VeriFactu hay que remontarse a la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (conocida como Ley Antifraude). Esta ley introdujo en el artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria una nueva obligación: que todos los sistemas informáticos de facturación (SIF) garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.
El objetivo era claro: acabar con el llamado "software de doble uso", es decir, programas que permitían alterar o eliminar facturas para ocultar ingresos a Hacienda.
El desarrollo reglamentario llegó con el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Requisitos de los Sistemas Informáticos de Facturación (RRSIF). Este reglamento establece los requisitos técnicos que todo programa de facturación debe cumplir, independientemente de si se opta por la modalidad VeriFactu o No-VeriFactu.
Posteriormente, la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, desarrolló las especificaciones técnicas, funcionales y de contenido que los SIF deben implementar. Y el RD 254/2025 junto con el RDL 15/2025 ajustaron los plazos de implantación, como veremos más adelante.
La cadena normativa completa es la siguiente:
Antes de entrar en las diferencias, conviene entender qué exige la normativa a todo sistema informático de facturación, sea VeriFactu o No-VeriFactu. El RD 1007/2023 establece que cualquier SIF debe cumplir estos requisitos:
Registro de facturación de alta: por cada factura expedida (completa o simplificada), el sistema debe generar de forma simultánea o inmediatamente anterior un registro con datos mínimos obligatorios. Este registro no es el PDF de la factura, sino un resumen estructurado en formato XML.
Registro de facturación de anulación: cuando se anula una factura, debe generarse un registro de anulación vinculado al registro de alta original.
Huella digital (hash SHA-256): cada registro debe incorporar un hash calculado sobre campos clave, que garantiza que el contenido no ha sido alterado.
Encadenamiento de registros: cada registro nuevo incluye datos del registro anterior (NIF del emisor, número de factura, fecha y los 64 primeros caracteres del hash anterior). Si la cadena se rompe, el sistema debe activar una alarma.
Código QR tributario: toda factura emitida a través de un SIF debe incluir un código QR legible que contenga información básica para su verificación.
Conservación legal: los registros deben conservarse durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria (generalmente 4 años, ampliable en ciertos supuestos).
Declaración Responsable del productor: el fabricante del software debe emitir un documento que certifique que su programa cumple con todos los requisitos del RD 1007/2023 y la Orden HAC/1177/2024. Sin esta declaración, el software no puede considerarse adaptado.
A partir de aquí es donde las dos modalidades se bifurcan: una envía los registros a Hacienda en tiempo real y la otra los custodia en local con medidas de seguridad adicionales.
La modalidad VeriFactu (o "sistema de emisión de facturas verificables") consiste en que cada registro de facturación se remite de forma automática e inmediata a la sede electrónica de la Agencia Tributaria en el momento de su generación.
Cuando emites una factura con un sistema VeriFactu, ocurre lo siguiente:
La modalidad No-VeriFactu (o "sistema de emisión de facturas no verificables") cumple con todos los requisitos técnicos del RD 1007/2023, pero no envía los registros a la AEAT de forma automática. En su lugar, los almacena de forma segura en los propios sistemas del contribuyente.
| Aspecto | VeriFactu | No-VeriFactu |
|---|---|---|
| Envío de registros a la AEAT | Automático, en tiempo real | Solo bajo requerimiento expreso |
| Firma electrónica local | No obligatoria para cada registro | Obligatoria (cualificada) para cada registro |
| Registro de eventos | No exigido | Obligatorio e inalterable |
| Custodia de registros | AEAT + local (responsabilidad compartida) | 100% responsabilidad del contribuyente |
| Hash y encadenamiento | Obligatorio | Obligatorio |
| Código QR en factura | Sí, verificable en sede AEAT | Sí, pero no verificable en sede AEAT |
| Mención en factura | "Factura verificable en la Sede Electrónica de la AEAT" | Sin mención de verificabilidad |
| Dependencia de internet | Alta (con modo offline de respaldo) | Baja |
| Complejidad técnica del SIF | Menor | Mayor |
| Borradores IVA prerrellenados | Sí (futuro) | No |
| Validez legal | Plenamente válido | Plenamente válido |
Ambas modalidades son legalmente válidas. La AEAT recomienda VeriFactu, pero la elección es del contribuyente. Estas son algunas orientaciones prácticas:
Sí. En entornos mixtos (por ejemplo, una empresa con oficinas en zona urbana y puntos de venta en zonas rurales), es posible utilizar sistemas VeriFactu en unos canales y No-VeriFactu en otros. Cada SIF debe cumplir individualmente los requisitos que correspondan a su modalidad.
Desde octubre de 2025, la Agencia Tributaria tiene disponible en su sede electrónica una aplicación gratuita de facturación que opera en modalidad VeriFactu. Está pensada para autónomos y pequeñas empresas con un volumen reducido de facturas.
Características destacadas:
Es una buena opción como punto de partida, pero las empresas con mayor volumen o necesidades de integración con sistemas contables necesitarán software especializado.
El Suministro Inmediato de Información (SII) es un sistema preexistente mediante el cual ciertas empresas (generalmente grandes, con facturación superior a 6 millones de euros) ya envían a la AEAT los datos de sus facturas emitidas y recibidas de forma casi inmediata.
Las empresas que estén acogidas al SII —ya sea obligatoria o voluntariamente— quedan exentas de implantar VeriFactu. Son dos sistemas distintos, con obligaciones distintas, para públicos distintos. No son compatibles ni complementarios entre sí.
Si alguna vez una empresa decide salir del SII, entonces sí le aplicarían las normas del RRSIF y tendría que adaptar su sistema a alguna de las dos modalidades (VeriFactu o No-VeriFactu).
La normativa ha sufrido varios aplazamientos. Estos son los plazos definitivos según el RDL 15/2025:
| Hito | Fecha |
|---|---|
| Publicación del RD 1007/2023 (RRSIF) | 7 de diciembre de 2023 |
| Publicación de la Orden HAC/1177/2024 (especificaciones técnicas) | 28 de octubre de 2024 |
| RD 254/2025: primera modificación de plazos | 1 de abril de 2025 |
| Plazo para productores de software (9 meses desde la Orden) | 29 de julio de 2025 |
| Aplicación gratuita de la AEAT disponible | Desde octubre de 2025 |
| RDL 15/2025: segunda modificación de plazos | 2 de diciembre de 2025 |
| Obligatorio para sociedades (Impuesto sobre Sociedades) | 1 de enero de 2027 |
| Obligatorio para autónomos y resto de obligados | 1 de julio de 2027 |
| Campañas de inspección previstas por la AEAT | Segundo semestre de 2027 |
El periodo actual (2026) es un año de transición y preparación. La AEAT permite realizar pruebas con registros en su entorno de pruebas externas, y se puede dejar de remitir registros de prueba en cualquier momento sin consecuencias.
El régimen sancionador es severo y distingue entre diferentes tipos de infracción:
A partir de 2027, no será válido utilizar Excel, Word, plantillas manuales ni ningún programa que no cumpla con los requisitos del RRSIF. Quien facture a través de un SIF deberá asegurarse de que ese sistema está adaptado.
Una confusión habitual es mezclar VeriFactu con la obligación de factura electrónica B2B. Son normativas distintas, aunque complementarias:
Un software puede cumplir VeriFactu y seguir emitiendo facturas en papel (con QR). Y una factura electrónica en formato Facturae no necesariamente cumple VeriFactu si el sistema que la generó no tiene hash, encadenamiento ni Declaración Responsable.
Lo ideal es prepararse para ambas obligaciones simultáneamente, ya que muchos proveedores de software están integrando ambos requisitos en una misma actualización.
La obligación es real, los plazos están definidos y las sanciones son significativas. Lo que puedes hacer ahora:
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InvoSeal está diseñado desde su arquitectura para cumplir con los requisitos del RD 1007/2023. Si quieres saber cómo InvoSeal puede ayudarte a preparar tu facturación para 2027 —sea en modalidad VeriFactu o No-VeriFactu—, consulta nuestra documentación o contacta con nosotros.
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